La empresa deberá readmitirla y pagarle una indemnización de 12.000 euros
El Tribunal Supremo ha declarado nulo el despido de una empleada del grupo Quirón que estuvo de baja por cáncer y depresión. La empresa había justificado su despido por «ineptitud sobrevenida», pero el Alto Tribunal ha determinado que la compañía no tomó medidas para adaptar su puesto de trabajo ni justificó adecuadamente sus limitaciones. Como consecuencia, se considera una discriminación por razón de discapacidad.
Una larga lucha judicial
Según la sentencia 509/2025, la trabajadora comenzó su labor en Quirón Prevención en enero de 2019 con un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 3.858,90 euros. El 3 de junio de 2021 fue diagnosticada con cáncer de endometrio, lo que la llevó a una incapacidad temporal prolongada hasta que fue evaluada para una incapacidad permanente, que finalmente le fue denegada.
El 1 de junio de 2023, tras reincorporarse, volvió a iniciar una baja por depresión. Un día después, recibió una carta de despido con efectos inmediatos. La empresa alegó «ineptitud sobrevenida» con base en un informe del servicio de prevención de riesgos laborales, que la consideró «no apta» para su puesto. Quirón argumentó que su estado suponía una inhabilidad para prestar servicios y que no existía posibilidad de reubicarla en otro puesto según su cualificación.
Un despido discriminatorio
La trabajadora impugnó su despido y el Juzgado de lo Social n.º 10 de Bilbao le dio la razón, declarando la nulidad del despido al considerar que su situación médica era equiparable a una discapacidad. Según el tribunal, no se trataba de una simple enfermedad, sino de una condición que debía considerarse una discapacidad según el derecho de la Unión Europea. Además, determinó que la empresa no había realizado ajustes razonables para adaptar su puesto, lo que impidió su continuidad laboral de manera injustificada.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó la nulidad del despido tras un recurso presentado por Quirón. Sin embargo, la empresa llevó el caso al Tribunal Supremo, que finalmente desestimó el recurso y ratificó la nulidad de la extinción del contrato.
La decisión del Tribunal Supremo
El Alto Tribunal concluyó que la empresa no demostró de manera suficiente la «ineptitud sobrevenida» de la trabajadora y tampoco probó la imposibilidad de adaptación o reubicación en otro puesto. Así, indicó que el informe del servicio de prevención de riesgos laborales no podía ser el único argumento para justificar el despido sin considerar otras pruebas adicionales.
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Como resultado, el Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del despido y ha ordenado la readmisión de la trabajadora, el pago de los salarios de tramitación y una indemnización de 12.000 euros por vulneración de sus derechos fundamentales y discriminación.
Esta sentencia sienta un precedente sobre la obligación de las empresas de garantizar ajustes razonables para empleados con enfermedades graves o discapacidades, reforzando la protección de los trabajadores en situación de vulnerabilidad.
