El Tribunal Supremo se encuentra en una encrucijada al evaluar si debe anular la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Esta decisión se produce justo antes de que García Ortiz comparezca ante el juez Ángel Hurtado, investigado por una presunta filtración denunciada por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes jurídicas han confirmado que los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo deliberarán sobre el recurso presentado por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). Este recurso cuestiona la decisión del Gobierno de renovar a García Ortiz en diciembre de 2023.
Independientemente del resultado sobre el nombramiento, la causa por presunta revelación de secretos seguirá en manos del Supremo, ya que García Ortiz también es fiscal de Sala, lo que le otorga fuero ante el Alto Tribunal.
La APIF argumenta que García Ortiz no es idóneo para liderar el Ministerio Público debido a sus actuaciones pasadas, incluyendo una sentencia del Supremo que señaló ‘desviación de poder’ en su decisión de nombrar a Dolores Delgado como fiscal de Sala.
Por su parte, García Ortiz ha solicitado al tribunal que desestime el recurso, acusando a la APIF de intentar ‘socavar’ al Gobierno y buscar ‘publicidad’. Su defensa sostiene que el recurso se basa en consideraciones subjetivas y busca prolongar el proceso judicial para obtener notoriedad.
La APIF también critica que García Ortiz privó al Consejo Fiscal de emitir un informe solicitado por el Senado sobre una proposición de ley de amnistía. Además, destaca que el Consejo General del Poder Judicial concluyó que García Ortiz no era idóneo para el cargo, aunque su opinión no era vinculante.
En declaraciones a ‘Las Mañanas de RNE’, Miguel Pallarés, presidente de la asociación de fiscales, reconoció que no es fácil que el recurso prospere, pero defendió su presentación como un acto profesional e independiente.
El fiscal general había intentado apartar a cuatro magistrados del Supremo que ya habían señalado su ‘desviación de poder’, pero su petición fue desestimada por ser presentada fuera de plazo.
El desenlace de este proceso podría tener implicaciones significativas para el sistema judicial español y la percepción pública de la independencia del Ministerio Público.
