El Tribunal Supremo ha despejado el camino para sentar en el banquillo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su antiguo asesor, Koldo García. La Sala de lo Penal ha acordado mantener la competencia del proceso y ha rechazado formalmente las alegaciones de las defensas, que solicitaban remitir la causa de las mascarillas a la Audiencia Nacional. Con esta decisión, la vista oral arrancará previsiblemente el próximo mes de abril, frustrando los intentos de los acusados de dilatar el procedimiento.
Rechazo a las cuestiones previas
Fuentes jurídicas han informado de que el tribunal ha desestimado las peticiones presentadas el pasado 12 de febrero durante la audiencia preliminar. Las defensas de Ábalos y García habían reiterado esta misma semana su solicitud de traslado a la Audiencia Nacional, argumentando que dicho órgano era el competente para la instrucción. Sin embargo, el Supremo considera que no hay lugar para el cambio de jurisdicción, manteniendo el calendario previsto para lo que será uno de los juicios políticos y judiciales más mediáticos del año.
Peticiones de cárcel y el papel de Víctor de Aldama
La Fiscalía y las acusaciones mantienen una postura de extrema dureza contra los principales implicados en la supuesta trama de comisiones irregulares durante lo peor de la pandemia:
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- José Luis Ábalos: El Ministerio Público solicita una pena de 24 años de prisión para el exministro.
- Koldo García: La Fiscalía pide para el exasesor una condena de 19 años y medio de cárcel.
- Acusaciones particulares: Algunos de los personados en la causa elevan sus peticiones hasta los 30 años de prisión para ambos.
Por el contrario, el escenario es muy distinto para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama. Para él, se solicitan únicamente 7 años de cárcel, una reducción considerable motivada por su decisión de colaborar con el Ministerio Público tras confesar los hechos. Su testimonio se perfila como una de las piezas clave de la acusación durante el juicio que comenzará en apenas unas semanas.
Un juicio inminente
La decisión del Supremo acelera el desenlace de la instrucción. Al no haber sido remitida a la Audiencia Nacional, se evita un retraso que habría postergado el juicio varios meses más. A partir de abril, el tribunal analizará la presunta red de adjudicaciones irregulares de material sanitario que salpicó al núcleo del Ministerio de Transportes en 2020.
