El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha decidido mantener la comparecencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, programada para este miércoles 29. Esta decisión se tomó a pesar de la solicitud de la Abogacía del Estado de posponer la declaración hasta que se completaran ciertas diligencias.
Entre las diligencias solicitadas se incluía la declaración de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como la intervención del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. Sin embargo, el juez Hurtado ha rechazado estas solicitudes, argumentando que no son necesarias para proceder con la declaración del fiscal general.
En paralelo, la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, también había solicitado el aplazamiento de su propia declaración, prevista para este jueves. Esta petición fue igualmente desestimada por el magistrado, quien considera que las declaraciones deben llevarse a cabo según lo planeado.
La única solicitud aceptada por el juez fue la incorporación de varios documentos a la causa, como instrucciones y guías de actuación del Ministerio Fiscal, así como dos artículos publicados recientemente por el diario El País. Estos documentos fueron presentados por las defensas y se consideran relevantes para el caso.
Este caso ha captado la atención pública debido a las implicaciones políticas y legales que conlleva, especialmente por la vinculación con figuras destacadas del ámbito político madrileño. La decisión del Tribunal Supremo de no aplazar las declaraciones subraya la importancia de avanzar en el proceso judicial sin demoras innecesarias.
El desarrollo de este caso continuará siendo observado de cerca, ya que podría tener repercusiones significativas tanto en el ámbito judicial como en el político. Las próximas declaraciones y la incorporación de nuevos documentos podrían arrojar luz sobre los detalles del caso y las acusaciones de revelación de secretos.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo reafirma su compromiso con la celeridad y la transparencia en los procesos judiciales, asegurando que todas las partes involucradas tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas en un marco justo y equitativo.
