La inversión, gestionada por los Ministerios, se ha destinado a la reforma y acondicionamiento de dos viviendas señoriales en Madrid pertenecientes al Patrimonio del Estado. La cifra ha generado una fuerte polémica por el alto coste del ‘lujo’ en las residencias de los ministros de Transportes e Igualdad.
El Gobierno se encuentra en el centro de una nueva polémica por el elevado gasto público destinado a la adecuación de las residencias oficiales de dos de sus ministros, Óscar Puente (Transportes y Movilidad Sostenible) y Ana Redondo (Igualdad). La inversión conjunta para habilitar ambas propiedades en Madrid se estima en una cifra cercana o superior al millón de euros.
La controversia no reside en el derecho de los ministros a disponer de una vivienda en la capital —dado que ambos son originarios de Valladolid y deben residir en Madrid para cumplir con sus funciones—, sino en la magnitud del desembolso para las reformas de «lujo» de los inmuebles.
Las dos residencias forman parte del Patrimonio del Estado y fueron adscritas a los respectivos Ministerios de Transportes e Igualdad tras los nombramientos de Puente y Redondo. Según varios reportes periodísticos, los trabajos han incluido reformas integrales y acondicionamiento de alta gama, elevando la inversión total a una cantidad que supera en algunos informes el 1,1 millón de euros.
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El fuerte desembolso en estas propiedades señoriales contrasta, según la oposición y las críticas públicas, con las constantes llamadas del Ejecutivo a la contención y la prudencia económica. La habilitación de residencias de tan alto coste ha reabierto el debate sobre la diferencia entre la austeridad predicada y el uso de recursos públicos para el confort de los altos cargos.
El gasto se ha justificado como necesario para la «habitabilidad y seguridad» de los inmuebles oficiales, pero el carácter suntuoso de las reformas ha captado la atención mediática y política, obligando al Ejecutivo a dar explicaciones sobre la necesidad de esta cuantiosa inversión para los ministros.
