El Gobierno de España votará en contra del nuevo reglamento europeo para acelerar los retornos de migrantes irregulares, una decisión que llega después de la crisis migratoria registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
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España será el único país de la Unión Europea que votará en contra del nuevo reglamento europeo para acelerar las expulsiones de migrantes irregulares, según la información publicada por EL ESPAÑOL a partir de documentos preparatorios de la reunión de ministros del Interior de los 27.
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La votación se celebra este jueves en Luxemburgo y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto rechazar la norma, que cuenta con el respaldo del resto de Estados miembros, con Bélgica como país abstencionista.
El nuevo reglamento de retornos, ya aprobado por el Parlamento Europeo, será el último paso antes de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Tras su entrada en vigor contará con un periodo de transición de 12 meses.
La decisión del Ejecutivo español se produce después de la crisis migratoria vivida en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando se registró una entrada masiva de migrantes por la frontera del Tarajal.
Desde el Ministerio del Interior defienden que el reglamento no ofrece soluciones específicas para situaciones como la vivida en Ceuta. Entre sus argumentos, el Gobierno señala que la norma no establece un reconocimiento mutuo automático de las decisiones de expulsión, cuestiona los centros de retorno en terceros países por motivos de seguridad jurídica y considera desproporcionadas las nuevas reglas sobre detención.
En el documento presentado ante la UE, Interior sostiene que los acontecimientos de Ceuta demostraron la necesidad de mecanismos específicos para afrontar entradas masivas y caóticas en las fronteras exteriores, pero considera que el reglamento no incluye esas medidas.
Durante la reunión europea, los socios comunitarios esperan explicaciones del ministro Grande-Marlaska sobre la situación en Ceuta y las medidas adoptadas para gestionar los retornos a Marruecos.
La Comisión Europea también abordará un plan de acción para reforzar la seguridad de las fronteras exteriores de la UE, impulsado tras la crisis migratoria de Ceuta.
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