El testimonio del presidente de Ceuta sobre los diez avisos ignorados por Moncloa antes de la entrada masiva fortalece la tesis de una omisión de responsabilidades en la gestión de la seguridad nacional.
MADRID.— La comparecencia en calidad de testigo del presidente de Ceuta, Juan Vivas, ante la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional ha dado un giro al trasfondo judicial de la crisis migratoria. El relato pormenorizado del líder autonómico sobre las alertas ignoradas, las solicitudes de emergencia nacional no atendidas y los diez intentos de comunicación con el Gobierno de Pedro Sánchez —de los cuales siete quedaron sin respuesta— sitúa sobre la mesa la posible comisión de un delito de omisión del deber por parte de altos cargos del Ejecutivo central.
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Durante su declaración, Vivas detalló cómo en los días previos al 30 de julio la Ciudad Autónoma trasladó de forma reiterada el riesgo inminente de un colapso en las infraestructuras locales y en los centros de acogida. Pese a estos avisos explícitos, Moncloa optó por derivar la interlocución a la Delegación del Gobierno y no activó los mecanismos extraordinarios de auxilio ni de refuerzo de la seguridad.
Las implicaciones jurídicas de la inacción
Fuentes jurídicas señalan que la aportación de los registros telefónicos y los requerimientos formales presentados por Vivas refuerzan la vía de la investigación centrada en dilucidar si existió una dejación del deber de auxilio y de protección de las fronteras por parte de los responsables del Ministerio del Interior y de la Presidencia del Gobierno.
El tipo penal de omisión del deber, que analiza la falta de actuación preceptiva ante un peligro patente para la seguridad o los derechos fundamentales, pasa a ser uno de los ejes clave de las diligencias. La acusación particular ejercida por la propia Ciudad Autónoma busca determinar si las autoridades centrales contaban con los elementos e informes suficientes para actuar de forma preventiva y decidieron no hacerlo.
Moncloa contrapone la versión del presidente autonómico
Frente al testimonio prestado en el juzgado, desde el entorno de la Moncloa se rechaza la acusación de inacción y se argumenta que la gestión del fenómeno migratorio se canalizó a través de los cauces administrativos habituales en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Sin embargo, el avance de la causa en la Audiencia Nacional sitúa el testimonio de Juan Vivas y la cronología de las llamadas desatendidas como un elemento probatorio central para evaluar el grado de responsabilidad institucional ante un episodio que el propio presidente ceutí ha calificado como el mayor desafío para la seguridad nacional de España en las últimas cinco décadas.
