La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha logrado reunir entre sus socios la totalidad de los fondos necesarios para cubrir la multa y la responsabilidad civil derivadas de la sentencia contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
Según informó la asociación este jueves, en cuestión de días «decenas de fiscales» de todas las categorías y regiones respondieron al llamamiento, que calificaron «no económico sino ético».
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La iniciativa, puesta en marcha el 22 de diciembre, tenía como objetivo abonar los 7.200 euros de multa y la indemnización de 10.000 euros impuestas por el Tribunal Supremo a García Ortiz, condenado por un delito de revelación de datos reservados. Además, fue inhabilitado durante dos años para ocupar el cargo de fiscal general.
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La UPF destacó que la respuesta de sus asociados representa «un gesto colectivo que refleja algo sencillo y profundo a la vez: que nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional».
Apoyo ciudadano
La asociación también recibió mensajes de ciudadanos que, sin pertenecer al Ministerio Fiscal, manifestaron su deseo de colaborar económicamente. «Muchos de esos mensajes, cargados de respeto, empatía y sentido cívico, nos han emocionado profundamente», indicaron desde la UPF.
García Ortiz asumió en primera persona una responsabilidad institucional que «protegía» a la Fiscalía. La UPF concluyó que «la respuesta solidaria demuestra que esa responsabilidad no fue en vano. Defender a un compañero en estas circunstancias es también defender la dignidad del servicio público, la independencia profesional y la idea de que la justicia nos concierne a todos».
