El Gobierno aprueba el anteproyecto para blindar la gestión pública de la sanidad y frenar las externalizaciones
El Consejo de Ministros da luz verde a la Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS. Sanidad justifica la medida con datos que vinculan la gestión indirecta con peores indicadores en mortalidad por infarto e ictus frente a los centros de gestión directa.
El Consejo de Ministros ha dado un paso decisivo este martes para reorientar el modelo sanitario español. El Ejecutivo ha aprobado el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una normativa que busca revertir la tendencia de las últimas décadas y dar prioridad absoluta a la gestión pública sobre la privada. Según fuentes del Ministerio de Sanidad, el objetivo es blindar el carácter universal y equitativo de la sanidad frente al avance de los modelos de externalización.
Datos contra la gestión indirecta: mortalidad y eficiencia
El núcleo de esta propuesta legislativa se apoya en un análisis comparativo de resultados. El Gobierno sostiene que los modelos de gestión indirecta —hospitales y servicios gestionados por empresas privadas— presentan indicadores de salud menos favorables que sus equivalentes públicos.
Entre los datos destacados por el Ministerio, se señala una mayor incidencia de hospitalizaciones evitables y una tasa de mortalidad por infarto o ictus superior en centros privatizados en comparación con hospitales públicos de complejidad similar. Con este marco legal, el Ministerio de Sanidad pretende establecer que la gestión pública no es solo una cuestión de preferencia política, sino de eficacia clínica y seguridad del paciente.
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Fortalecimiento de la equidad en el sistema sanitario
El nuevo anteproyecto de ley establece un marco jurídico que dificulta las nuevas externalizaciones y promueve la recuperación de servicios ya externalizados. Los puntos clave de la normativa son:
- Prioridad de la gestión directa: Establece la gestión pública como el modelo preferente y estructural del SNS.
- Integridad del sistema: Refuerza los controles de transparencia para evitar conflictos de intereses en la contratación sanitaria.
- Garantía de equidad: Busca homogeneizar la calidad asistencial en todo el territorio nacional, evitando que el código postal o el modelo de gestión del hospital de referencia condicionen los resultados de salud.
Un cambio de rumbo tras décadas de privatizaciones
Esta iniciativa responde a una demanda histórica de diversos colectivos sociales y profesionales que han criticado el crecimiento de la colaboración público-privada. Al consolidar la supremacía de la gestión pública, el Gobierno espera no solo mejorar los indicadores de mortalidad mencionados, sino también asegurar que los recursos se destinen íntegramente a la asistencia y no al beneficio empresarial.
La norma iniciará ahora su tramitación parlamentaria, donde se espera un intenso debate con las comunidades autónomas que han apostado de manera más decidida por modelos de gestión externa en los últimos años.
