Informes recientes revelan que entre el 60 % y el 65 % de las presas de titularidad estatal en España requieren mejoras inmediatas en su estructura o en sus sistemas de seguridad. Expertos y asociaciones de ingenieros advierten de graves riesgos por falta de mantenimiento, auscultación obsoleta y ausencia de planes de emergencia, mientras el Gobierno reconoce el problema pero señala avances puntuales.
España cuenta con 375 grandes presas bajo responsabilidad estatal, infraestructuras cuyo promedio de vida supera los 50 años y que desempeñan un papel clave en la gestión del agua, el riego y la generación eléctrica. Sin embargo, dos informes recientes coinciden en que la seguridad de muchas de estas presas está comprometida.
El informe ministerial concluye que el 60 % de las presas estatales requieren mejoras a corto plazo en seguridad hidráulico‑hidrológica, estructura o desagües. Por su parte, la Asociación de Ingenieros cifra que el 65 % presentan problemas de seguridad, incluyendo sistemas de vigilancia obsoletos y falta de planes de emergencia.
Entre los aspectos señalados con mayor urgencia están:
- Refuerzos estructurales: aproximadamente un tercio de las presas (alrededor de 112) requieren intervención urgente para reforzar la estructura.
- Sistemas de auscultación y vigilancia: cerca del 65 % de las presas necesitan renovar sus sistemas de control interno.
- Desagües de fondo deteriorados: alrededor del 50 % de las infraestructuras presentan fallos en estos elementos clave para la seguridad.
- Planes de emergencia inexistentes o deficitarios: tres de cada cuatro presas carecen de protocolos de evacuación o actuación ante fallo.
Los riesgos derivados de esta situación pueden ser graves: una rotura pudo desembocar en inundaciones masivas, daños humanos y medioambientales, y colapso de servicios esenciales. Los ingenieros advierten que, ante el aumento de fenómenos meteorológicos extremos ligados al cambio climático, estas deficiencias se vuelven aún más peligrosas.
Aunque el ministerio asegura que ha iniciado varias actuaciones y asignado presupuesto para mejorar la seguridad del parque hidráulico, los técnicos consideran que la inversión no es suficiente. Exigen un organismo independiente de supervisión similar al que rige la seguridad nuclear, mayor transparencia sobre el estado real de las presas y una planificación técnica sostenida en el tiempo.
En este contexto, la asociación profesional insta a que las comunidades autónomas, los gestores de cuenca y el propio Estado prioricen los fondos en mantenimiento preventivo y revisión de estructuras viejas, subrayando que “la buena infraestructura del siglo XX puede volverse una amenaza si no la cuidamos en el siglo XXI”.
