En un nuevo giro jurídico sobre uno de los casos más mediáticos del ámbito judicial, la Fiscalía ha presentado formalmente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). El objetivo es obtener la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que condenó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.
Los detalles de la condena
La sentencia original del Tribunal Supremo, aprobada por una mayoría de cinco magistrados frente a dos, impuso a García Ortiz:
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- Dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo de Fiscal General.
- Una multa económica de 7.200 euros.
El tribunal consideró probado que García Ortiz incurrió en un delito al difundir información confidencial relativa a la investigación por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Argumentos del Ministerio Público
Siguiendo la hoja de ruta marcada por la actual fiscal general, Teresa Peramato, el Ministerio Público sostiene que el fallo del Supremo no se ajustó a derecho. En su recurso, la Fiscalía alega que se han vulnerado derechos fundamentales del ex fiscal general, destacando principalmente:
- Presunción de inocencia: Consideran que no existió prueba de cargo suficiente para determinar la intención criminal de revelar secretos.
- Derecho a un proceso con todas las garantías: Argumentan irregularidades procesales durante el desarrollo de la causa en el Supremo.
«La sentencia vulnera derechos fundamentales básicos que deben ser protegidos por el máximo intérprete de la Constitución», reza el comunicado emitido por la Fiscalía.
Contexto del caso
El origen del conflicto reside en una nota de prensa emitida por la Fiscalía en la que se detallaban aspectos de la negociación de González Amador con Hacienda. Mientras que el Supremo interpretó esta acción como una filtración ilegal de datos reservados, la defensa de García Ortiz y la actual cúpula fiscal mantienen que se trató de un ejercicio de transparencia informativa para desmentir bulos que circulaban en los medios.
Ahora, la pelota está en el tejado del Tribunal Constitucional, que deberá decidir si admite a trámite el recurso y si, finalmente, tumba una condena que ha marcado un hito histórico y polémico en la justicia española.
