Cobran un 60 por ciento menos que el salario medio bruto, cuentan con muy poca protección en riesgos laborales y tienen las pensiones más bajas de todo el Régimen de la Seguridad Social
El día 5 de septiembre se cumplieron seis años desde la entrada en vigor del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico. Siete Estados miembros de la Unión Europea han ratificado ya este Convenio. España (el segundo Estado miembro con más empleos en esta actividad) sigue sin hacerlo, a pesar de ser una de las promesas electorales de grupos políticos como el Psoe y Podemos. Es un paso necesario, aunque no el único, para dignificar estos empleos, que todavía soportan salarios, prestaciones y pensiones de viudedad muy inferiores a la media de las personas trabajadoras, en un contexto de precariedad cada vez más generalizado. Esta es la principal conclusión que se puede extraer del informe publicado por el sindicato UGT, donde se señala que los sueldos de las personas que trabajan en el sector doméstico son cerca de un 60% menores al salario medio bruto en España.
El informe ofrece una serie de datos básicos sobre el trabajo doméstico y de cuidados para empleadores particulares e incluye la relación de esta actividad con otras que tienen que ver con el cuidado de personas. Asimismo, analiza el gasto en protección social de los Estados de la Unión Europea.
Como consecuencia de los bajos ingresos y el tiempo que pasó sin regularizar este sector, los empleados y empleadas del hogar tienen las pensiones más bajas de todo el Régimen de la Seguridad Social, hasta el extremo de que 7 de cada 10 subsidios en este ámbito necesitan de complementos para alcanzar la pensión mínima estipulada en el país. Además, se trata del sector con mayor parcialidad de todo el país, con casi la mitad de su fuerza laboral con contratos a media jornada.
Recordemos que es un sector fuertemente feminizado, especialmente en nuestro país. Mientras que, en el conjunto de la Unión, el empleo doméstico para empleadores particulares supone el 1´91% del total del empleo de mujeres, en España el porcentaje se eleva al 6´32%. En España trabajan en el empleo doméstico casi 629.000 personas, 9 de cada 10 son mujeres, muchas de ellas migrantes (más del 42% del total de afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar). Esto supone cerca de un 3,25% del total de personas empleadas en el país. En el conjunto de la UE, la media no llega al 1%.
Según UGT, estos datos demuestran además una fuerte vinculación de los trabajos en el hogar con el esfuerzo y la inversión en protección social de cada país, donde España no destaca especialmente. Para llegar a esta conclusión, el sindicato compara el volumen de empleos de trabajo doméstico con el de empleo en residencias y servicios sociales de asistencia. Y, en este caso, los ratios de España respecto de la UE se invierten. Nuestro país se sitúa en los últimos puestos de la región en cuanto al peso de los segundos en el mercado laboral, con una representatividad del 2,7%, casi la mitad que en el resto de países comunitarios (4,7%).
La tendencia se repite en la mayoría de Estados miembros: a más empleados en trabajos domésticos, menos en residencias y servicios sociales, y al contrario. Y, al mismo tiempo, a más inversión pública en necesidades sociales, menos empleo en el hogar y más en servicios relacionados con el cuidado.
El 13% de las personas afiliadas al Sistema Especial de Empleo de Hogar, tienen más de 60 años, mientras que, en el total del Sistema de la Seguridad Social, las personas afiliadas en este intervalo de edad solo representan el 4´5%.
Peticiones de UGT
UGT exige abordar en el marco del diálogo social las carencias de derechos de este colectivo y sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre que los trabajadores y trabajadoras de este sector tienen una relación laboral, aunque su centro de trabajo sea el hogar.
Asimismo, pide a la Administración establecer mecanismos flexibles para que los empleadores, en este caso las familias, puedan cumplir con sus obligaciones para con estos trabajadores y trabajadoras.
Tratar, igualmente en el marco del Dialogo Social, la situación del cuidado, como sector en el que se integran varias ocupaciones, cuya devaluación en salarios y condiciones ha estado propiciada por un menor presupuesto de las Administraciones Públicas y un sistema de contratación pública que prima el interés económico a la calidad del empleo y del servicio.
UGT requiere incrementar el gasto en protección social para que necesidades sociales de cuidados, especialmente de personas dependientes, menores y personas con discapacidad que deberían ser provistas por las Administraciones Publicas, no tengan que ser asumidas por las familias y por estas trabajadoras.
Por último, para el sindicato es necesario sensibilizar al conjunto de la sociedad en el sentido de que las necesidades de las familias no pueden satisfacerse a costa de los derechos de quienes trabajan en estos sectores: es una relación laboral, el hogar un centro de trabajo y quienes emplean, empleadores. La Administración debe establecer mecanismos flexibles para que éstos puedan cumplir con sus obligaciones.
