La Guardia Civil investiga a una mujer de 36 años por presuntamente llevar a cabo cientos de tratamientos estéticos sin estar habilitada para ello en distintos centros de la provincia de Valencia e incluso en su propio domicilio, dentro de la operación denominada ‘Zubar’.
La mujer está siendo investigada por los delitos de intrusismo profesional, contra la salud pública por la suministración de medicamentos —entre ellos toxina botulínica— y falsedad documental, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
La investigación se inició el pasado mes de marzo tras la denuncia de una profesional sanitaria, que alertó de que una persona estaba realizando tratamientos estéticos en una peluquería de la localidad de Sueca sin control sanitario ni autorización. A partir de ese momento, los agentes comprobaron que la sospechosa actuaba en múltiples establecimientos de la provincia, donde se presentaba como doctora y ofrecía tratamientos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación o infiltraciones de bótox.
Además, promocionaba estos servicios a través de redes sociales, donde anunciaba la inoculación de toxina botulínica en frente, entrecejo y patas de gallo, entre otros procedimientos.
Según la investigación, la mujer está graduada en odontología por una universidad privada, pero no cuenta con la habilitación necesaria para realizar este tipo de intervenciones, reservadas en exclusiva a médicos especialistas en medicina estética. Las autoridades sanitarias y los colegios profesionales consultados confirmaron que no tenía competencia para practicar estos tratamientos.
Los agentes localizaron los centros donde desarrollaba su actividad y tomaron declaración a responsables y clientas. De los testimonios recabados se desprende que habría realizado cientos de tratamientos, con al menos 80 clientas registradas en los establecimientos y más de 180 procedimientos documentados de toxina botulínica y ácido hialurónico. Algunas clientas señalaron que también fueron atendidas en el domicilio particular de la investigada.
Asimismo, la Guardia Civil constató que la mayoría de los centros donde se efectuaban los tratamientos carecían de la licencia administrativa correspondiente para ofrecer este tipo de servicios. Tampoco disponían de sistemas adecuados de refrigeración para conservar los productos ni de medios para gestionar los residuos biológicos, incumpliendo así las condiciones sanitarias exigidas.
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Los investigadores no han podido verificar la legalidad ni la trazabilidad de los productos utilizados, por lo que sospechan que pudieron ser adquiridos y manipulados fuera de los cauces legales.
Las autoridades recuerdan la importancia de acudir únicamente a profesionales cualificados y centros autorizados antes de someterse a tratamientos estéticos, ya que una mala aplicación o el uso de productos sin garantías sanitarias puede suponer un grave riesgo para la salud e incluso la vida.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Sueca y está dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de esa localidad.
