La APH, con el respaldo de la FAPE, propone a todas las asociaciones de la prensa de España que, el próximo 15 de septiembre, se lleven a cabo actos de protesta ante las diferentes audiencias provinciales y, en el caso de Madrid, frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia, bajo el lema #SinPeriodismoNoHayDemocracia
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La Asociación de la Prensa de Huelva (APH), con el apoyo de la FAPE, invita a todos los periodistas de España a sumarse a las concentraciones de apoyo a favor de la periodista onubense condenada a dos años de prisión por informar sobre el caso Laura Luelmo, lo que supone, afirma, una “amenaza real” contra la libertad de prensa en este país y abre un “peligroso” precedente, al atribuirse los jueces la potestad de decidir aquello que es noticiable y que, en esencia, implica “imponer la autocensura para evitar el escarnio judicial”.
Coincidiendo que el próximo viernes 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia, se ha hecho un llamamiento a todos las asociaciones de la prensa de España para que, en sus respectivas provincias, se lleven a cabo actos de protesta, a las 11.00 horas, que tendrán lugar frente a las diferentes audiencias provinciales españolas, excepto en el caso de Madrid, que se celebrará frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
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Las concentraciones se desarrollarán bajo el lema #SinPeriodismoNoHayDemocracia y se ruega a los asistentes que acudan al llamamiento con esparadrapo o similares en la boca, para visibilizar el intento de “censura previa” que esta sentencia supone contra los periodistas españoles.
Rechazo a la sentencia
En un comunicado emitido el pasado 3 de julio, las asociaciones de la prensa de Andalucía, con el respaldo de la FAPE, manifestaron su rechazo absoluto a la sentencia 96/2023, dictada por la Audiencia de Huelva, que condena a una periodista por revelación de secretos relacionados con el caso del asesinato de Laura Luelmo en El Campillo. “Esta sentencia puede generar un peligroso precedente ya que, en opinión de estas asociaciones, atenta directamente contra el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información veraz, en este caso, verdadera”, afirmaba el comunicado.
La sentencia establece que la periodista obtuvo información del sumario del caso y la difundió a través de artículos periodísticos, pese a que ni siquiera estaba vigente el secreto de las actuaciones. Los jueces consideran que algunos detalles revelados eran innecesarios e irrelevantes para el interés público y que afectaban a la intimidad de la víctima y su familia. Basándose en el artículo 197.3 del Código Penal, la periodista ha sido condenada a dos años de cárcel.
Este fallo judicial genera una honda preocupación en las asociaciones profesionales, puesto que deja al libre dictamen de los jueces la relevancia de una información, que, siempre y cuando sea veraz, está amparada en el artículo 20 de nuestra Carta Magna.
