La Fiscalía Provincial de Pontevedra sigue adelante con la investigación sobre la presunta ilegalidad de la vivienda de Eva Cárdenas, esposa de Alberto Núñez Feijóo, situada en la playa de O Con, en Moaña (Pontevedra). La causa, que inicialmente también involucraba al líder del Partido Popular, ha sido archivada en lo que respecta a su figura debido a su condición de aforado.
Pese a la exoneración de Feijóo, la investigación sigue en curso y mantiene como principales señaladas a Cárdenas y a la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos. La Fiscalía estudia si existen indicios de posibles infracciones urbanísticas, administrativas y medioambientales en relación con la construcción y uso del inmueble. La denuncia inicial fue interpuesta por Miguel Delgado, presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga), quien apuntó a diversas irregularidades en la edificación dentro de una zona de dominio público-terrestre.
El Tribunal Supremo se apartó del caso al no encontrar elementos suficientes que justificaran la participación de Feijóo en los hechos denunciados. En su resolución, el alto tribunal recordó que la competencia de la Sección Penal para investigar a aforados solo se justifica cuando hay indicios concretos de delito, lo que no se constató en este caso. Como resultado, la investigación ha sido trasladada a la Fiscalía Provincial de Pontevedra.
Recurso de Cárdenas y posible peritaje del inmueble
El conflicto legal se intensificó en noviembre pasado cuando el Servicio Provincial de Costas publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la obligación de recuperar parte del terreno en el que está ubicado el chalet por estar dentro de una zona de uso público. Cárdenas respondió presentando un recurso con el objetivo de obtener una concesión pública que le permitiera disfrutar de la propiedad durante 30 años más.
Según lo indicado por el Ministerio para la Transición Ecológica, antes de determinar si el inmueble debe ser demolido o no, se realizará un peritaje. El jefe de Costas y el abogado de Cárdenas se encargarán de medir y analizar el estado del chalet para elaborar un informe definitivo.
Uno de los puntos más controvertidos de la construcción es un muro de hormigón de 210 metros cuadrados ubicado en zona de dominio público. Se señala que este muro, junto con otras estructuras como un cierre transversal de bloque de hormigón y una puerta de acceso directo a la playa, carecía de los permisos requeridos. Aunque el cierre ya existía al momento de la compra por parte de Cárdenas, esta realizó recientemente modificaciones en la zona, incluyendo la renovación de la puerta, lo que ha generado aún más controversia.
La Fiscalía Provincial de Pontevedra continuará con el análisis de la documentación aportada por Pladesemapesga y de los informes técnicos para determinar la legalidad de la construcción y las posibles responsabilidades de Cárdenas y la alcaldesa Leticia Santos en este caso que sigue en el centro del debate político y judicial.
