El nombramiento de la nueva fiscal general del Estado ha sido recibido con cautela por parte del Partido Popular y de las asociaciones de fiscales de perfil conservador, que por ahora han optado por evitar ataques directos a la recién llegada. Aunque sus portavoces califican el relevo como un ejercicio de “continuismo”, han dejado a un lado las descalificaciones que en otros momentos han acompañado la designación de responsables del Ministerio Público.
Desde el PP señalan que permanecerán “vigilantes” ante la orientación que adopte la Fiscalía, pero admiten que no valorarán de forma negativa a la nueva titular hasta ver sus primeras decisiones al frente del organismo. De manera similar, los fiscales conservadores han adoptado un tono moderado y aseguran que analizarán el rumbo de la institución antes de emitir un juicio más contundente.
La ausencia de críticas duras contrasta con episodios recientes en los que la elección de la Fiscalía General generó fuertes tensiones políticas y corporativas. Esta actitud más prudente abre una ventana de tranquilidad temporal para la nueva fiscal general, que encara el reto de consolidar la estabilidad interna y afrontar los debates pendientes sobre independencia, recursos y modernización del Ministerio Público.
