El magistrado de la Audiencia Nacional investiga delitos de organización criminal y cohecho, ordenando a la UCO requerir documentación en la sede socialista de Ferraz y en varios domicilios de los implicados
MADRID. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la imputación del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; de la actual gerente de la formación política, Ana María Fuentes; de la considerada «fontanera» del partido, Leire Díez; y del exconsejero de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. La resolución judicial se enmarca en la investigación de una presunta operación orientada a «desestabilizar procedimientos judiciales» dirigidos contra el Partido Socialista. En el marco de estas diligencias, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado a primera hora de la mañana en la sede central del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, con el objetivo de requerir diversa documentación y archivos electrónicos vinculados a la supuesta trama.
El instructor de la causa investiga la presunta comisión de una amplia batería de ilícitos penales, entre los que figuran los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Las actuaciones judiciales, que tienen su origen en el denominado caso SEPI —donde se indagan supuestos amaños en la adjudicación de contratos públicos desde la citada entidad dependiente del Ministerio de Hacienda—, se han extendido formalmente a los domicilios de varios de los investigados ante el «elevado importe de las transacciones económicas que se investigan».
Según consta en las resoluciones de la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz ha considerado «proporcionado» el requerimiento de información inmediata formalizado en la sede del PSOE y en las propiedades particulares. Entre los inmuebles donde ha accedido la UCO a primera hora de este miércoles se encuentran la residencia de Santos Cerdán, el domicilio de Javier Pérez Dolset —socio de Leire Díez y también investigado en la causa— y el despacho profesional del exconsejero andaluz Gaspar Zarrías. Asimismo, los efectivos del instituto armado se han personado en la sede de la Guardia Civil en Madrid para tomar declaración en condición de investigado al capitán Juan Sánchez Yepes, quien ya se encuentra encausado en el caso Glasgow, procedimiento que instruye el propio magistrado Pedraz.
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La lista de personas investigadas en este procedimiento judicial incluye igualmente al letrado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, y al exabogado de Koldo García, Ismael Oliver. En el desglose de los indicios recabados hasta la fecha, el magistrado de la Audiencia Nacional aprecia la existencia de «colaboración» por parte de Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez antes de su llegada a la Moncloa y expresidente de Correos, así como de Juan Francisco Serrano, actual diputado del PSOE y miembro de su Comisión Ejecutiva Federal. El auto judicial señala que ambos habrían colaborado «en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio» del plan ilícito, si bien el instructor matiza que «habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal».
Respecto a la situación procesal de la actual gerente de la formación socialista, Ana María Fuentes, el magistrado del tribunal especial apunta de forma directa a su responsabilidad en los hechos examinados, situándola «al menos como cómplice» en el conjunto de los delitos objeto de las pesquisas. Del mismo modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción le atribuye la condición de «autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces».
La Audiencia Nacional ha comunicado que Santiago Pedraz estima la actividad presuntamente delictiva como «grave», fundamentando dicha calificación tanto en la entidad de las penas que pudieran llegar a imponerse como en el alto volumen económico de las transacciones financieras que conforman el núcleo de la investigación. Por tales motivos, el instructor ha dictado un total de tres autos mediante los cuales ordena a personas físicas, jurídicas y a entidades de carácter público y privado la entrega de forma inmediata de toda la documentación y soporte electrónico detallado en las citadas resoluciones.
