MADRID | El proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España para otorgar documentación a los extranjeros en situación administrativa irregular ha generado una profunda división en la opinión pública. Según la última encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, el 37,6% de la ciudadanía valora positivamente la medida, mientras que un 33% la rechaza y un 21,5% la califica de «regular».
Este proceso beneficiará a medio millón de inmigrantes según los cálculos del Ejecutivo, habiéndose registrado ya unas 130.000 solicitudes en su primera semana de vigencia.
División política y percepción del volumen de migrantes
El sondeo refleja que la postura de los ciudadanos está fuertemente condicionada por su orientación política y por la percepción general sobre la inmigración en España:
- Partidarios de la medida: Se concentran principalmente entre los votantes de Podemos (70% a favor), Sumar (63%) y el PSOE (59%).
- Opositores a la medida: El rechazo es mayoritario entre los electores de Vox (52% en contra) y del PP (29%).
- Volumen de población inmigrante: El 60% de los españoles considera que el número de inmigrantes en el país es «demasiado alto», frente al 29% que lo ve adecuado y menos del 2% que lo considera bajo.
Esta percepción contrasta con los informes del Banco de España, que estiman que el país necesitará incorporar a millones de trabajadores migrantes en las próximas décadas para sostener el sistema de pensiones.
Temores sobre el impacto en los servicios públicos y la vivienda
La encuesta revela que la mayoría de los españoles asocian la regularización con consecuencias más negativas que positivas en los servicios esenciales, destacando una clara preocupación por el «efecto llamada» y la presión sobre el Estado del bienestar:
- Acceso a la vivienda: El 50,3% cree que la medida tendrá un impacto negativo y el 52,5% afirma que dificultará el acceso a la vivienda para los españoles.
- Servicios públicos: Un 48,6% opina que empeorará la sanidad y la educación, y el 55,8% considera que tensionará el sistema sanitario.
- Seguridad y economía: El 48,4% cree que aumentará la inseguridad ciudadana y un 37,3% augura un impacto económico negativo.
Por el contrario, el único ámbito con expectativas mayoritariamente favorables es el de la natalidad, donde el 47,7% de los encuestados ve un impacto positivo. Asimismo, el 59,5% coincide en que la medida mejorará las condiciones de vida de los inmigrantes y el 53,5% cree que ayudará a cubrir la falta de mano de obra.
Desconocimiento sobre los requisitos y procesos
El estudio de 40dB. pone de manifiesto un notable grado de desinformación entre la población:
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- El 40,1% cree erróneamente que la regularización otorga la nacionalidad española de forma automática.
- Un 30,9% piensa que se aplica a cualquier persona en situación irregular, ignorando que se exige acreditar la ausencia de antecedentes penales en los últimos cinco años y demostrar una situación de vulnerabilidad.
- El 61,6% critica que el Gobierno no ha explicado la medida con suficiente claridad a la ciudadanía.
La «prioridad nacional» en las ayudas públicas
El debate sobre el acceso a los recursos del Estado también refleja un país polarizado. Al ser preguntados sobre qué criterio debe primar para la concesión de ayudas públicas, las respuestas se dividen en tres grandes bloques:
| Criterio de asignación | Porcentaje de apoyo | Perfil de votante principal |
| Prioridad a la población española | 44,2% | Mayoritario en Vox (73,4%) y PP (54,7%) |
| Igualdad total (sin prioridades) | 31,8% | Mayoritario en Podemos (73,1%), Sumar (65,7%) y PSOE (52,1%) |
| Mayor arraigo en el país | 19,3% | Apoyo transversal (24% en el PP y 18% en el PSOE) |
Por último, en cuanto a qué partido genera mayor confianza para gestionar la política migratoria, el PSOE lidera con un 26,7%, seguido de Vox con un 22,8% —que destaca especialmente entre los hombres jóvenes de la Generación Z— y el PP con un 16,9%.
