El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que instruyó el caso Pujol ha reconocido en el juicio que no investigó si existieron amaños en adjudicaciones públicas u operaciones urbanísticas relacionadas con los pagos que la Fiscalía vincula a comisiones ilegales de empresarios a la familia.
Durante su declaración en la vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional por el origen de la fortuna oculta en Andorra de los Pujol, el inspector sostuvo que, en su opinión, los pagos no buscaban necesariamente alterar concursos concretos, sino obtener “una garantía de influencia a lo largo del tiempo”.
Una investigación “a brochazos”, según la defensa
El interrogatorio de las defensas, especialmente del abogado Cristóbal Martell, representante de Jordi Pujol Ferrusola, se centró en el supuesto delito previo del blanqueo de capitales que se atribuye a la familia.
Martell cuestionó que los informes policiales concreten adecuadamente los “antecedentes” del delito y reprochó que la UDEF establezca el origen presuntamente corrupto de los fondos “a brochazos”. En ese sentido, preguntó al inspector si investigó recalificaciones urbanísticas vinculadas a operaciones supuestamente irregulares, la composición de los órganos que adjudicaron concursos públicos —algunos dependientes de administraciones socialistas— o si tomó declaración a sus miembros.
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El agente reconoció que no estudió los procesos de recalificación ni analizó si los trámites administrativos “estaban viciados”, alegando que no es especialista en urbanismo. “En mi materia siempre he dicho que soy el mejor, pero en temas de urbanismo no domino”, afirmó.
También admitió que no investigó posibles presiones en la adjudicación de un servicio del puerto de Tarragona a una empresa que realizó pagos a Pujol Ferrusola, señalando que no era su cometido.
Influencia transversal y delito previo
El inspector defendió que el supuesto delito previo “no es relevante” en la configuración del blanqueo, al sostener que la hipótesis policial es que los pagos respondían a una dinámica de influencia prolongada, similar —según expuso— a la acreditada en el caso del Palau de la Música Catalana, donde Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) fue condenada por el cobro de comisiones de la constructora Ferrovial.
Asimismo, subrayó la “transversalidad” atribuida a los miembros de la familia Pujol Ferrusola en distintos ámbitos institucionales.
La defensa también abordó otras causas mencionadas en los informes policiales como contexto del presunto enriquecimiento familiar, entre ellas el caso Banca Catalana, que derivó en una querella archivada contra el expresident Jordi Pujol; el caso ITV, por el que fue condenado Oriol Pujol Ferrusola; o el denominado caso Turismo.
El inspector admitió que obtuvo información sobre esas causas a través de buscadores y que no profundizó en ellas ni recuerda detalles concretos, aunque insistió en que no era necesario probar de forma exhaustiva el origen del dinero para sustentar el delito de blanqueo.
El pendrive y los préstamos “anómalos”
Durante la sesión, el agente negó rotundamente haber utilizado información procedente del pendrive con datos robados a la familia Pujol, por cuya difusión fue condenado el ex número dos de la Policía Nacional. Recordó que el juez instructor, José de la Mataya, excluyó expresamente cualquier fuente relacionada con ese dispositivo.
Finalmente, al ser preguntado por los préstamos avalados por Jordi Pujol Ferrusola a empresas proveedoras de CDC —que terminaron siendo asumidos por el partido y por una constructora—, el inspector los calificó como operaciones “totalmente anómalas. Y totalmente me quedo corto”, apuntando a que podrían encajar en un esquema de financiación irregular.
El juicio continúa en la Audiencia Nacional con la práctica de prueba testifical en torno al presunto origen ilícito del patrimonio familiar en el extranjero.
