La violencia contra la Guardia Civil se ha consolidado como un problema estructural en España durante el pasado año. Según los datos oficiales disponibles hasta el tercer trimestre de 2025, el número de agresiones a agentes ha superado el millar, lo que supone una media de cinco ataques cada día.
Aunque las cifras muestran un descenso del 11% respecto al ejercicio anterior, la asociación JUCIL advierte de que la peligrosidad sigue siendo extrema. El impacto en la salud de los agentes es evidente: el 47% de las bajas laborales en el cuerpo tienen su origen directo en agresiones sufridas durante el ejercicio de sus funciones.
El «agravio» de la profesión de riesgo y el viaje a Bruselas
Ante la negativa del Ministerio del Interior de reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo —una condición que sí ostentan las policías autonómicas y locales—, JUCIL se traslada mañana a Bruselas. La asociación se reunirá con el Partido Popular Europeo para impulsar una directiva comunitaria que garantice estándares mínimos de seguridad y salud laboral para los policías en toda la Unión.
Los agentes denuncian una «injusticia institucional» por parte del Gobierno, argumentando que la falta de este reconocimiento no solo afecta a su seguridad diaria, sino también a sus condiciones de jubilación y protección jurídica.
Denuncia de precariedad en los medios
La falta de respaldo institucional se traduce también en una carencia de recursos materiales que los agentes califican de crítica. JUCIL exige una dotación inmediata de herramientas de protección para minimizar los riesgos en las intervenciones:
• Protección individual: Denuncian que actualmente los chalecos antibalas se comparten y a menudo no corresponden a la talla del agente, por lo que exigen unidades individuales para toda la plantilla.
• Armamento no letal y grabación: Solicitan la entrega de pistolas eléctricas paralizantes (Taser) para todas las patrullas, defensas extensibles individuales y la implementación de cámaras unipersonales para garantizar la seguridad jurídica en sus actuaciones.
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Ofensiva legal en España y Europa
La batalla de los guardias civiles se libra también en los tribunales. JUCIL mantiene una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para regular sus derechos de sindicación y huelga. Paralelamente, el Tribunal Supremo admitió a trámite el pasado octubre su solicitud para que se les extiendan los efectos de la sentencia que reconoce la profesión de riesgo a los miembros de la Policía Nacional.
«Estamos hablando de vidas humanas puestas al servicio de todos los ciudadanos, muchas veces en condiciones precarias y sin respaldo», sentencian desde la asociación profesional.
