La jueza de Madrid se inhibe tras adquirir la causa una «nueva dimensión» vinculada a la corrupción internacional. Las investigaciones de la UDEF y Anticorrupción sugieren que los 53 millones del rescate público pudieron ser desviados para lavar dinero proveniente de Venezuela.
El polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra ha dado un giro radical en los tribunales. Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, ha decidido inhibirse en favor de la Audiencia Nacional tras constatar que la investigación ha superado el ámbito de una presunta malversación administrativa para convertirse en una trama de delincuencia económica internacional.
De un rescate polémico a una red de blanqueo
Lo que comenzó como una investigación sobre la legalidad de la ayuda pública de 53 millones de euros concedida por la SEPI, y que llegó a ser archivada en su día por la Audiencia Provincial de Madrid, ha resurgido con una fuerza inesperada. La «nueva dimensión» a la que alude la magistrada se basa en las pesquisas realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
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Según los informes recabados a lo largo de 2024 y 2025, existen indicios sólidos de que el dinero del rescate pudo ser instrumentalizado para blanquear capitales procedentes de la corrupción en Venezuela. Este hallazgo fue el detonante de una operación policial el pasado diciembre que se saldó con la detención —y posterior puesta en libertad— de la cúpula de la compañía, incluyendo al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y al CEO, Roberto Roselli.
Ramificaciones internacionales
La decisión de la jueza Collazos responde a la complejidad técnica y la dispersión geográfica de los presuntos delitos. Tras el registro de las oficinas centrales de la aerolínea, el análisis de la información fiscal reveló conexiones que van mucho más allá de la querella inicial:
- Uso del dinero público: Se investiga si los fondos inyectados por el Estado español terminaron en circuitos financieros opacos vinculados a empresarios venezolanos.
- Competencia: Al afectar a la economía nacional y tener implicaciones en el extranjero, la Audiencia Nacional es el órgano facultado para liderar una instrucción de esta envergadura.
Un año clave para la instrucción
El traslado de la causa se produce en un momento crítico, justo después de que la UDEF intensificara la búsqueda de pruebas sobre el destino final de cada euro del rescate. Con la llegada del expediente a la Audiencia Nacional, el caso Plus Ultra deja de ser una disputa sobre criterios de insolvencia empresarial para transformarse en una pieza clave de la lucha contra la corrupción transnacional.
