Ni la Ciudad ni Delegación planean habilitar una alternativa habitacional para las personas que viven actualmente en situación de calle en Ceuta a pesar de las restricciones a la movilidad y la prohibición de permanecer en la vía pública entre las 22:00 horas y las 07:00 horas
Desde que se desalojase la nave del Tarajal que acogía a las personas migrantes que habían quedado en situación de calle y que no pretenden retornar voluntariamente a Marruecos, ni el Gobierno de la Ciudad ni la Delegación del Gobierno han habilitado una alternativa habitacional para que tengan donde pasar la noche. De hecho, es una medida que, por lo que se deduce de las recientes comparecencias públicas del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, no se plantea acometer en el corto plazo.
Desde el Ejecutivo local aluden a que la responsabilidad es competencia de la Delegación del Gobierno y lamentan que la institución de Plaza de los Reyes no ha tenido a bien acoger a estas personas en ninguna de las instalaciones propuestas por la Ciudad como el CETI o un módulo del Centro Penitenciario. En este sentido, la Ciudad, por el momento, rehúsa volver a habilitar alguna instalación propia como hizo con los pabellones de «La Libertad» y «Santa Amelia» durante el primer estado de alarma.
Por su parte, la delegada del Gobierno ha declarado que «en Ceuta siempre hemos trabajado con muchísimos inmigrantes», muchos de ellos en situación de calle, y que «ahora estamos en los niveles más bajo de la inmigración«. «Estamos teniendo entradas por el mar y todas están controladas sanitariamente mediante un protocolo de actuación que parte desde la Guardia Civil y continúa con Cruz Roja. En caso de un hipotético confinamiento, tanto la Ciudad como la Delegación del Gobierno sabemos lo que tenemos que hacer», ha añadido Mateos.
Con respecto al CETI, Mateos no ha dado ninguna explicación del por qué no se acoge en esta instalación a las personas migrantes que están situación de calle a pesar de que, como la propia delegada ha señalado, la ocupación actual de las instalaciones es de 178 residentes de un aforo que está limitado a 300 plazas por la pandemia. Limitación con la que no se cumplió durante el primer estado de alarma: el 30 de marzo todavía albergaba a 468 personas y algunos internos denunciaron condiciones de hacinamiento en las habitaciones.
Es decir, por el momento, y salvo la llegada de un confinamiento total, las personas migrantes que están en situación de calle lo seguirán estando. Ni la situación de emergencia sanitaria ni las restricciones impuestas parecen razones suficientes para que dejen de estarlo.
