Los pasajeros afectados por el grave accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), en el que un tren Alvia colisionó con dos vagones descarrilados de un convoy de Iryo, tendrán derecho a distintas indemnizaciones por los daños sufridos. Las familias de las víctimas mortales percibirán, como mínimo, 72.121 euros en virtud del seguro obligatorio de viajeros (SOV), una cantidad que podría incrementarse de forma notable una vez se depuren las responsabilidades civiles del siniestro.
Según los últimos datos oficiales, el accidente ha causado al menos 39 fallecidos y ha dejado decenas de heridos entre los cerca de 500 pasajeros que viajaban en ambos trenes. El SOV, incluido en el precio del billete, garantiza compensaciones automáticas por daños corporales, con cuantías que oscilan entre los 2.400 euros por lesiones leves y hasta 84.000 euros en los casos de secuelas graves y permanentes.
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No obstante, esta cobertura es solo el primer paso. A medio y largo plazo, entrarán en juego las pólizas de responsabilidad civil de las empresas implicadas, una vez se determine el origen del accidente. “Las indemnizaciones por responsabilidad civil suelen ser muy superiores, pero su tramitación puede prolongarse durante años”, explican fuentes del sector asegurador.
De acuerdo con la Ley del Sector Ferroviario, los operadores deben contar con seguros que cubran los daños ocasionados a viajeros, infraestructuras y terceros. En este caso, estarían implicadas las aseguradoras de Renfe —operadora del Alvia—, Iryo y Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria. Renfe mantiene su póliza con la compañía QBE, que también cubriría a Adif, mientras que Iryo tiene asegurada su responsabilidad civil con la multinacional estadounidense AIG.
Los jueces suelen utilizar como referencia el baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico. Este establece, por ejemplo, compensaciones mínimas de unos 107.000 euros para el cónyuge de una persona fallecida y la misma cantidad para cada hijo menor de 14 años. En el caso de los heridos, se valorarán factores como la pérdida de calidad de vida, la incapacidad laboral, los daños morales y estéticos o la necesidad de asistencia futura, lo que puede elevar las indemnizaciones hasta cifras superiores al millón de euros en los casos más graves.
La principal dificultad a la que se enfrentan ahora las víctimas es la determinación de responsabilidades. El precedente del accidente del Alvia en Angrois, ocurrido en 2013, muestra la complejidad de estos procesos: no fue hasta 12 años después cuando la justicia fijó indemnizaciones millonarias para los afectados, una decisión que aún sigue pendiente de resolución definitiva.
Mientras avanza la investigación, las familias y supervivientes del accidente de Adamuz se preparan para un largo recorrido judicial, con la esperanza de que se esclarezcan las causas del siniestro y se garantice una compensación justa por los daños sufridos.
