La decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de prohibir el uso de gas lacrimógeno en manifestaciones y de abrir una investigación específica sobre las cargas policiales ha provocado una frontal respuesta de los principales sindicatos policiales, que acusan al titular de Interior de dejar a los agentes «indefensos» y de ceder ante las presiones políticas.
Te interesa
Lee tambien: Los socios del Gobierno exigen el cese de Grande-Marlaska por la dureza de las cargas policiales en la huelga general
Tras una jornada de huelga general que concluyó con más de un centenar de detenidos y momentos de alta tensión en las calles, las organizaciones representativas de los cuerpos de seguridad han calificado de «inadmisible» que se ponga bajo sospecha la labor policial. Sindicatos como el SUP han criticado con dureza que el ministerio responda investigando las intervenciones en lugar de respaldar a los efectivos que se enfrentaron a escenarios de violencia y agresiones.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Advertencia de mayor riesgo e indefensión
Desde las asociaciones profesionales se advierte de que retirar medios materiales de disuasión, como el gas lacrimógeno, no hace sino aumentar el riesgo físico y las posibles lesiones para los propios agentes al enfrentarse a altercados graves. Asimismo, formaciones sindicales como Jupol y la Unión Federal de Policía (UFP) han ido un paso más allá en sus críticas, exigiendo también la dimisión del ministro al considerar que la cúpula de Interior opta por señalar a la policía en lugar de garantizar su seguridad jurídica y operativa.
Este choque abierto entre los sindicatos y el departamento de Interior abre un nuevo flanco de conflicto laboral e institucional, situando a la policía en el centro de la tormenta política derivada de la gestión del orden público durante las protestas.
