El Gobierno de Marruecos estudia suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España, según ha anunciado el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, quien acusa a las autoridades españolas de problemas y retrasos en algunos procedimientos de entrega de personas reclamadas por los tribunales del país vecino.
La medida, por el momento, no ha sido adoptada. Se trata de una posibilidad que está siendo analizada internamente por el Ministerio de Justicia marroquí en un momento de especial tensión por la gestión migratoria y las repatriaciones tras la reciente entrada masiva registrada en Ceuta.
“Estamos debatiendo ahora en el Ministerio de Justicia la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España”, aseguró Ouahbi.
Rabat denuncia extradiciones que finalmente no se ejecutan
El ministro marroquí sostiene que, en determinadas ocasiones, Marruecos solicita la extradición de una persona localizada en España y, tras producirse inicialmente su detención y organizarse el traslado, la entrega acaba sin realizarse.
Según su versión, agentes marroquíes se habrían desplazado en algunas ocasiones para recibir a reclamados que finalmente se encontraban en libertad o no se presentaron en el momento previsto.
Ouahbi calificó estas situaciones de “incomprensibles”, aunque no aportó ejemplos concretos de expedientes ni identificó los casos a los que se refería.
También aseguró que Marruecos sí ejecuta las entregas solicitadas por España y reclamó mayor “seriedad” en los procedimientos.
“Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega ni los procedimientos de repatriación, podemos suspender estos acuerdos”, advirtió.
La crisis migratoria entra en el discurso de Rabat
Las declaraciones no se limitan a la cooperación judicial.
Ouahbi relacionó la posible revisión de los acuerdos con el debate sobre las repatriaciones y la política migratoria española, especialmente en lo referente a ciudadanos marroquíes y menores no acompañados.
El ministro acusa a España de mantener una política que, a su juicio, genera mensajes contradictorios con los esfuerzos de Marruecos para impedir salidas irregulares hacia territorio español.
Según Ouahbi, algunos migrantes interceptados por las autoridades marroquíes cuestionan esos controles al considerar que, si alcanzan España, podrán permanecer en el país.
Se trata de la interpretación defendida por el Gobierno marroquí, no de una constatación de que España conceda automáticamente residencia o protección a cualquier persona que entre irregularmente.
Ouahbi critica las regularizaciones en España
El titular de Justicia marroquí fue especialmente crítico con lo que considera una falta de coordinación entre ambos países.
“Nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación”, afirmó.
Ouahbi considera que Madrid y Rabat deberían acordar una política común frente a los flujos migratorios y evitar, según su planteamiento, que cada Estado aplique criterios que puedan resultar contradictorios.
Incluso llegó a plantear de forma retórica que, si España estuviera dispuesta a recibir a quienes alcanzan su territorio, Marruecos podría dejar de impedir sus desplazamientos hacia la frontera.
Marruecos vuelve a señalar la sentencia sobre las devoluciones
El Gobierno marroquí ha vuelto a vincular la reciente presión migratoria sobre Ceuta con la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo español conocida el pasado 8 de julio sobre las devoluciones de personas interceptadas en el mar.
Rabat sostiene que la resolución provocó un “efecto llamada”.
Esa explicación corresponde a la posición oficial marroquí y forma parte del debate político surgido después de la entrada masiva del 30 de julio.
La gestión posterior de quienes permanecen en Ceuta continúa condicionada por la legislación española e internacional en materia de extranjería, asilo y protección de menores.
Marruecos reclama el retorno de sus menores
Ouahbi volvió a pedir a España que facilite el regreso a Marruecos de los menores marroquíes que permanecen en Ceuta y en otros puntos del país.
“Queremos que nos devuelvan a todos nuestros niños. Se acerca el inicio del curso escolar y los niños deben regresar a sus escuelas”, declaró.
El ministro aseguró además que Marruecos ha recibido denuncias relacionadas con agresiones, abusos y desapariciones de algunos menores, afirmaciones que deberán ser investigadas y verificadas por las autoridades competentes.
Las repatriaciones de menores, sin embargo, no pueden realizarse de manera colectiva ni automática.
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Cada expediente debe estudiarse de forma individual, comprobar la situación familiar del menor, evaluar las condiciones del retorno y garantizar que cualquier decisión responda a su interés superior, con intervención de las autoridades de protección y de la Fiscalía cuando corresponda.
Rabat mantiene que España sigue siendo un país “amigo”
Pese al tono de advertencia, Ouahbi evitó presentar la situación como una ruptura de las relaciones bilaterales.
El ministro calificó a España como un país “amigo” y defendió la necesidad de tender nuevos puentes de cooperación con Madrid.
Marruecos apuesta, según explicó, por elaborar un plan de trabajo a largo plazo que permita abordar tanto la cooperación judicial como la cuestión migratoria, incluso mediante nuevos acuerdos bilaterales.
Ouahbi considera necesarias “decisiones firmes y valientes” para solucionar los problemas existentes entre ambos países.
Una advertencia que añade presión a las relaciones entre España y Marruecos
La posibilidad de suspender el acuerdo de extradición supone un nuevo elemento de presión en unas relaciones especialmente sensibles tras los acontecimientos ocurridos en Ceuta.
Por ahora, Marruecos únicamente está estudiando esa suspensión y no se ha comunicado ninguna decisión definitiva.
El anuncio de Ouahbi abre, sin embargo, un nuevo frente de negociación entre Madrid y Rabat: la cooperación judicial se suma ahora a las devoluciones, la situación de los menores y el control de los movimientos migratorios como asuntos pendientes entre ambos gobiernos.
