Las nuevas críticas de Rabat a la política migratoria española, sus advertencias sobre posibles cambios en acuerdos bilaterales y su reiterada reivindicación sobre Ceuta y Melilla han abierto un nuevo escenario de tensión. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene su discurso de confianza hacia Marruecos, al que define como un socio estratégico, fiable y fundamental para la cooperación en materia migratoria y de seguridad.
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La crisis migratoria de Ceuta continúa generando debate político después de la entrada irregular de miles de personas en la ciudad autónoma. Tras aquel episodio, que supuso la llegada masiva de alrededor de 80.000 personas según las cifras difundidas durante la crisis, el Gobierno español ha endurecido su mensaje contra las redes de tráfico de personas y ha advertido a quienes intentan acceder irregularmente al territorio nacional de las consecuencias que pueden afrontar, entre ellas la expulsión.
No obstante, el tono utilizado por el Ejecutivo hacia Marruecos, país clave en el control de la frontera sur española, ha sido muy diferente. En las últimas semanas, varios miembros del Gobierno han insistido en presentar la relación con Rabat como una alianza basada en la cooperación y la confianza, pese a las declaraciones críticas realizadas desde el país vecino.
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a defender esta postura al ser preguntado por la posibilidad de que Marruecos revise o suspenda determinados acuerdos con España, entre ellos los relacionados con las extradiciones. El responsable de Interior aseguró que la colaboración entre ambos países ha sido «excepcional» y destacó que durante sus años al frente del ministerio ha observado una relación construida sobre la «confianza y la lealtad».
Marlaska recordó la cooperación existente entre ambos gobiernos para afrontar diferentes crisis, aunque sus palabras llegan en un contexto marcado por episodios anteriores de tensión, como la crisis diplomática de 2021, cuando Marruecos redujo los controles fronterizos después del ingreso en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, provocando la llegada de miles de personas a Ceuta.
Frente a la posición más diplomática del Gobierno central, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado una postura más contundente al defender que Ceuta y Melilla son territorios españoles y que «no se tocan». También el presidente Pedro Sánchez calificó la entrada masiva de migrantes como una grave vulneración de la integridad territorial española, aunque evitó señalar directamente la responsabilidad de Marruecos.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha mantenido una posición más crítica. Aunque reconoce la importancia de la colaboración marroquí para gestionar la situación migratoria, especialmente por la necesidad de controlar la frontera y facilitar los retornos, ha advertido de que no se puede considerar completamente fiable a un país cuya actuación puede condicionar la estabilidad de la ciudad autónoma.
Desde sectores del Partido Popular también han reclamado una respuesta más firme del Ejecutivo español. Algunos dirigentes han acusado al Gobierno de mantener una actitud demasiado complaciente con Marruecos y han defendido que una buena relación bilateral no debe impedir señalar públicamente las responsabilidades cuando existan conflictos.
Marruecos cuestiona la política migratoria española
Las declaraciones más críticas han llegado desde el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, quien ha cuestionado la política migratoria de España y ha planteado la posibilidad de revisar el acuerdo de extradición entre ambos países debido a supuestos problemas en la entrega de personas reclamadas por la justicia marroquí.
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En una entrevista, Ouahbi criticó que España permita la permanencia de algunos inmigrantes que llegan irregularmente mientras Marruecos dedica recursos a impedir las salidas hacia territorio europeo. Según el ministro marroquí, existe una contradicción entre las políticas de ambos países, ya que, a su juicio, las personas que intentan cruzar la frontera perciben que España termina aceptando a quienes consiguen entrar.
El dirigente marroquí llegó a plantear una pregunta dirigida al Gobierno español: si España está dispuesta a recibir inmigrantes, por qué Marruecos debe impedir que intenten acceder a Europa mediante saltos a las vallas fronterizas o rutas marítimas peligrosas.
El Ejecutivo español no ha respondido directamente a esas afirmaciones, aunque ha reiterado en varias ocasiones que las personas que entren de forma irregular en Ceuta no permanecerán en la ciudad ni serán trasladadas automáticamente a la península, sino que estarán sujetas a los procedimientos establecidos por la legislación vigente.
Diferencias con la respuesta ante Italia
La gestión de la crisis migratoria también ha generado tensiones con Italia, especialmente después de que representantes del Gobierno italiano plantearan medidas relacionadas con los controles fronterizos dentro del espacio Schengen tras los acontecimientos de Ceuta.
La reacción española fue más dura en este caso. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador italiano y criticó las declaraciones procedentes de Roma, mientras que el Gobierno español defendió la necesidad de evitar mensajes que pudieran alimentar la confrontación política.
Esta diferencia de trato entre Marruecos e Italia ha provocado críticas de algunos sectores de la oposición, que consideran que el Ejecutivo español mantiene una actitud más exigente con sus socios europeos que con el país vecino del sur.
Mientras continúan las negociaciones y la cooperación bilateral, la relación entre España y Marruecos permanece marcada por una combinación de intereses comunes y conflictos recurrentes. La inmigración, la seguridad fronteriza y la cuestión territorial de Ceuta y Melilla siguen siendo los principales puntos de fricción entre ambos países.
