Imagínese usted que tiene que presentar algún tipo de documentación al Negociado de Estadística y acude al Registro para hacer los trámites correspondientes, pero se encuentra con la negativa de los funcionarios que allí trabajan que le advierten que, aunque presente los documentos, estos nunca llegarán a su destino porque los jefes de ambos organismos públicos no tienen buena relación personal. Este es el cuadro que se ha encontrado una ciudadana de Ceuta, tal y como ha informado a El Foro de Ceuta.
La documentación que pretendía presentar en el Registro para que llegase al Negociado de Estadística guarda relación con el certificado de empadronamiento de dos menores que nacieron en Ceuta en 2004 y 2006 respectivamente. Entre otros muchos problemas, al carecer del certificado de empadronamiento estas menores no pueden acceder a programas como el de préstamo de libros escolares o cualquier otro trámite para que el se necesite estar empadronado en la ciudad.
Además, tampoco se ha podido gestionar la solicitud para obtener un número de la Seguridad Social porque desde el Registro no hay conexión, por así decirlo, con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Al parecer, ambas administraciones utilizan plataformas digitales diferentes, que no serían compatibles entre sí y que no permiten cruzar datos.
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Los jefes «están peleados»
Según nos ha comentado esta vecina de Ceuta, el propio funcionario del Registro le ha reconocido que la legislación le ampara en su deseo de presentar la documentación a través del registro y que es su derecho como ciudadana. Sin embargo, ha lamentado también que aunque la presentase, esta nunca llegaría a su destino porque «el jefe del Registro y el del Negociado están peleados» y, supuestamente, el jefe del Negociado de Estadística habría dado la orden de desechar cualquier documento que le llegase a través del Registro.
De ser cierto lo que le ha comentado el funcionario del Registro a nuestra denunciante, estaríamos ante una vulneración flagrante de los derechos del ciudadano y ante una alarmante mala praxis del personal de la Administración Pública de la Ciudad.
