El Observatori DESC, una de las acusaciones populares contra 16 guardias civiles en el caso del Tarajal, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Critican la aplicación por parte de la jueza de la Doctrina Botín así como el papel de la Fiscalía
La intento de investigar la muerte de al menos 14 personas en el espigón del Tarajal el 6 de febrero del 2014 se cerró por tercera vez hace pocas semanas. Previamente, la jueza del 6 de Instrucción de Ceuta había visto indicios de homicidio imprudente y omisión de socorro por lo que mandó procesar a los agentes, pero justo cuando las acusaciones habían presentado sus escritos contra la actuación de los 16 miembros de la benemérita, el mismo tribunal dictó sobreseimiento.
La doctrina Botín se aplica cuando quien acusa no es la propia víctima y si la Fiscalía pide la absolución. Desde el Observatorio DESC creen que es «incomprensible» que, aun habiendo indicios de delito, el ministerio público no apoye el ir a juicio. Además recuerdan que si no hay acusación particular es porque las víctimas murieron y a los familiares han encontrado «obstáculos» para poder presentarse como parte.
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El DESC recurre «una vez más este archivo de la causa ante los claros indicios de la existencia de un delito de denegación de auxilio con resultado de muerte«. Afirman que seguirán trabajando contra la «impunidad en frontera sur«. También hablan de «doctrina Tarajal», ante lo que consideran «imposibilidad de juicio ante la muerte de las víctimas, rechazo de las familias como acusaciones particulares, y rechazo de llegar a juicio a las acusaciones populares».
Este tercer sobreseimiento fue un auténtico varapalo para familiares y defensores de la memoria de las víctimas, algunas de las cuales yacen en el cementerio de Ceuta sin identificar. La Audiencia Provincial de Cádiz ordeno en dos ocasiones reabrir un caso archivado por el juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma, y todas las acusaciones populares recurrirán este nuevo cierre que impide la investigación.
Por otro lado, la gran mayoría de partidos e instituciones caballas, con el Gobierno de Ceuta a la cabeza, mostraron su satisfacción ante la última decisión judicial.
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