Las 15 trabajadoras de Limpiasol siguen sin cobrar los últimos cinco meses. Esta mañana se han concentrado delante del pabellón Guillermo Molina para reivindicar que sus nóminas y la intervención urgente del Instituto Ceutí de Deportes. No descartan ir a la huelga
Lee tambien: El programa de Juan y Medio se va a negro en Canal Sur por la huelga de la plantilla
Hace una semana se concentraban delante del Ayuntamiento y las reacciones de la administración fueron rápidas. Desde el ICD y el mismo Gobierno de la Ciudad afirmaron que estaban haciendo las gestiones necesarias para la subrogación de la limpieza a Tragsa. La trabajadora Mari Carmen Ruiz, ha afirmado que desde mediados de agosto esperan esta cambio contractual que piden que sea inminente. Aun así, asegurar la buena gestión laboral de las trabajadoras no implica cobrar los cinco meses anteriores. Desde Comisiones Obreras, José Antonio Sainz afirma que si es necesario llevaran a Limpiasol al juzgado pero que lo prioritario es la adjudicación del servicio a Tragsa.
El sindicato ya presentó la semana pasada una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social contra la empresa Limpiasol, S.A. y el Instituto Ceutí de Deportes por presunta cesión ilegal de trabajadores, al no existir contrato entre ambas empresas para la prestación de servicios.
Lee tambien: El Gobierno destina 234 millones de euros a la Formación Profesional para responder a la demanda de las empresas
La limpieza de los pabellones se realiza sin el material necesario
Maria Carmen Ruiz, portavoz esta mañana de la plantilla, afirma que la situación personal de todas ellas es «insostenible», «psicológicamente estamos hundidas». Además siguen afirmando que la empresa sigue sin facilitar ni productos ni herramientas para realizar sus labores. Aunque explican que siguen haciendo su labor aunque sea en «condiciones extremas», no tienen «productos específicos para zonas como la piscina».
No es la primera vez que aseveran que la limpieza no se está pudiendo realizar correctamente. Ante esto, el ICD afirmó que, aunque no fuese su función, intentaba facilitar los productos necesarios. Ante esto, el MDyC pidió explicaciones por lo que entienden que es la asunción de unas competencias que no le corresponden al ente público.
