Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta ha presentado denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social contra la empresa Limpiasol, S.A. y el Instituto Ceutí de Deportes (ICD) por presunta cesión ilegal de trabajadores, al no existir contrato entre ambas empresas para la prestación de servicios.
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Según explica el sindicato, ha denunciado «en reiteradas ocasiones» y «ante la Inspección y posteriormente en vía judicial», la falta de pago de los salarios que se adeudan a los componentes de la plantilla. Así, el sindicato aclara que «la empresa Limpiasol aduce que no paga porque el ICD no le abona ninguna cantidad, al haber vencido el contrato, no habiéndose renovado puntualmente y no existiendo tampoco prórroga del mismo» y que, por su parte, «el ICD alega que no puede realizar un pago que no esté soportado por un contrato de prestación de servicios».
En este sentido, CCOO tiene su propia versión sobre el conflicto surgido entre Limpiasol y el ICD: «La realidad es que los trabajadores hacen su mismo trabajo por el que antes cobraban y ahora, sin embargo, no cobran lo que les corresponde desde hace varios meses. La empresa se ha desentendido totalmente de estas personas y ni siquiera entrega los artículos y materiales de limpieza necesarios para realizar sus tareas. Es el ICD, no se sabe con cargo a qué partida, quien entrega estos artículos para que sus instalaciones no sean clausuradas por insalubridad».
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Asimimo, el sindicato entiende «que la situación de hecho constituye una cesión ilegal de trabajadores, ya que se limita a la mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria». Por ello, CCOO Ceuta ha denunciado los hechos «para que se actúe en consecuencia, lo que conllevaría la posibilidad de que los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tuvieran derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o en la cesionaria».
Finalmente, CCOO considera «intolerable» que la administración pública «se desentienda totalmente de la forma en que se realiza un servicio de interés general, externalizado por una simple decisión política, sin importar las consecuencias del incumplimiento de la empresa contratada en relación con los derechos de los trabajadores que realizan ese servicio».
