El rodaje de unas escenas de contenido sexual en el cementerio de Alcoy (Alicante), concretamente en el entorno del mausoleo de Camilo Sesto, ha causado una fuerte conmoción en su ciudad natal y ha derivado en una controversia política entre el gobierno municipal y la oposición.
Las grabaciones tuvieron lugar en diciembre de 2024, cuando el mausoleo del artista —fallecido en 2019— aún no estaba finalizado y antes de que se produjera el traslado de sus cenizas. La difusión del suceso ha generado indignación entre vecinos y representantes políticos, que cuestionan cómo pudo llevarse a cabo un rodaje de estas características en un espacio de especial sensibilidad.
Ante la polémica, la concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha anunciado que la futura ordenanza municipal recogerá de forma expresa la prohibición de rodajes de producciones para adultos en el dominio público, así como de cualquier actividad que pueda vulnerar la dignidad de las personas, los derechos humanos o el bienestar animal.
El grupo municipal del Partido Popular ha calificado los hechos de “lamentables y reprobables”, señalando que permitir un rodaje de este tipo en ese emplazamiento supone “una grave falta de sensibilidad” hacia la memoria de Camilo Sesto, su familia y la ciudadanía de Alcoy.
Por su parte, el gobierno local —formado por PSPV-PSOE y Compromís— ha negado rotundamente haber autorizado la grabación. Según el ejecutivo municipal, la Alcoy Film Office, organismo encargado de gestionar los permisos audiovisuales, no concedió autorización para ninguna producción de carácter pornográfico.
Te interesa
De acuerdo con la documentación revisada, la solicitud presentada por la productora incluía una sinopsis que describía la visita de un personaje a la tumba de su pareja en un momento de introspección y desolación, sin hacer referencia alguna a Camilo Sesto ni a elementos concretos del patrimonio funerario de la ciudad. Desde el consistorio consideran “irresponsable tergiversar los hechos y generar confusión entre la ciudadanía”, subrayando que no existía indicio alguno del verdadero contenido del rodaje en la petición presentada.
La polémica sigue abierta y ha reavivado el debate sobre los límites del uso de espacios públicos y patrimoniales para producciones audiovisuales
