El rechazo conjunto de PP y Junts paraliza las reformas planteadas por el PSOE y el PNV en la Mesa del Congreso, prolongando la vida de una de las normas más longevas del franquismo.
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La reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una asignatura pendiente de la democracia española desde hace décadas, ha vuelto a encallar en el laberinto parlamentario. A pesar de los intentos del Gobierno (PSOE) y del PNV por actualizar una normativa que data de 1968, la pinza conformada por el Partido Popular y Junts ha frenado en seco el avance de los proyectos en la Mesa del Congreso.
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Una ley de la era franquista en pleno 2026
La normativa actual, firmada por Francisco Franco, no establece plazos automáticos para la desclasificación de documentos, lo que permite que asuntos de Estado de hace más de 50 años permanezcan bajo llave de forma indefinida. Las propuestas presentadas buscaban:
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- Establecer plazos de caducidad: El PSOE proponía un máximo de 50 años para secretos de Estado, mientras que el PNV abogaba por un límite de 25 años.
- Transparencia democrática: Facilitar el acceso a historiadores y ciudadanos a documentos clave de la Transición y la dictadura.
- Alineación europea: Adaptar los estándares de seguridad y transparencia a los del resto de la OTAN y la UE.
La estrategia del freno en la Mesa
El bloqueo no se ha producido mediante una votación directa en el pleno, sino a través de una maniobra técnica en la Mesa del Congreso. Según fuentes parlamentarias, las reformas están siendo «congeladas» deliberadamente para evitar que lleguen a la fase de debate, donde se enfrentarían a enmiendas de totalidad.
| Actor Político | Postura / Motivo del Bloqueo |
| PSOE / PNV | Impulsores de la reforma; buscan modernizar la ley y cumplir hitos de regeneración democrática. |
| PP | Se opone por considerar que la reforma podría comprometer la seguridad nacional en el contexto geopolítico actual. |
| Junts | El veto responde a una desconfianza estratégica y a la exigencia de mayores contrapartidas en la transferencia de competencias sobre información clasificada. |
«Es una anomalía democrática que en 2026 sigamos regidos por una ley redactada antes de la Constitución», señalan fuentes del PNV, quienes lamentan que los intereses partidistas de corto plazo impidan un consenso de Estado.
Un futuro incierto
Con este escenario, la reforma queda en un «limbo» legislativo. Mientras la Mesa siga ampliando los plazos de enmiendas o bloqueando su paso a comisión, España continuará siendo uno de los pocos países de su entorno sin una ley de información clasificada adaptada a los estándares de transparencia del siglo XXI.
