El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una prolongada ausencia en el Senado durante los últimos 21 meses, un período en el que la Cámara Alta, dominada por la mayoría absoluta del PP, ha intensificado su labor de control sobre el Ejecutivo. Según fuentes parlamentarias, Sánchez ha comparecido ante el Senado solo una vez desde marzo de 2024, y su presencia se limitó a la comisión que investiga el caso Koldo.
Lee tambien: Sánchez analiza un adelanto electoral tras rechazo en vivienda
Durante este tiempo, el Senado ha presentado seis conflictos de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, cuatro comisiones de investigación —entre ellas los casos Koldo, Dana, CIS y el Apagón de abril— y ha reprobado a seis ministros en los últimos dos años. Tres de estas reprobaciones se produjeron en 2025 contra Óscar Puente, María Jesús Montero y Mónica García, mientras que otras tres correspondieron a 2024, incluyendo a Fernando Grande-Marlaska, Félix Bolaños y José Manuel Albares. También se solicitó la dimisión del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en mayo de 2024 y octubre de 2025.
Los conflictos de atribuciones admitidos por el Tribunal Constitucional incluyen tres dirigidos conjuntamente contra el Gobierno y el Congreso por vetar leyes aprobadas por el Senado, uno contra el Congreso por bloquear iniciativas legislativas de la Cámara Alta y uno contra el Ejecutivo por no presentar los Presupuestos Generales del Estado, impidiendo así que la Cámara cumpla con su función constitucional de debatir, enmendar y aprobar las cuentas públicas.
Lee tambien: Sánchez y Marlaska conocían el protocolo del CNI que valida el uso de WhatsApp como alerta urgente
La comisión de investigación sobre el caso Koldo ha sido la más activa y polémica, con más de un centenar de comparecencias a lo largo del año, y continúa ampliando sus pesquisas sobre presuntas irregularidades que afectan al Gobierno y al PSOE, sin que se haya fijado una fecha de cierre.
El prolongado distanciamiento de Sánchez del Senado coincide con un momento de fuerte confrontación política, en el que el PP utiliza su mayoría para ejercer un control exhaustivo y mantener al Ejecutivo bajo constante escrutinio.
