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El Consejo de Ministros invoca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para actuar contra las tecnológicas al considerar que atentan contra la «dignidad y los derechos de los menores»
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El Gobierno de España ha decidido elevar el tono de su ofensiva contra las grandes plataformas tecnológicas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros invocará este martes el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para solicitar formalmente una investigación sobre X (antes Twitter), Meta y TikTok. El Ejecutivo busca depurar responsabilidades penales ante la creación y difusión de pornografía infantil generada mediante herramientas de inteligencia artificial en dichas redes sociales.
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Un ataque frontal a la «impunidad» de las tecnológicas
A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe del Ejecutivo ha justificado esta medida drástica señalando que estas plataformas «están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas». Sánchez ha sido tajante al afirmar que el Estado no puede permanecer impasible ante este tipo de delitos digitales: «La impunidad de los gigantes debe acabar», ha sentenciado.
La decisión de recurrir al Ministerio Fiscal se fundamenta en la necesidad de proteger a los menores frente a los nuevos riesgos derivados del uso de la IA, que permite la generación de contenidos explícitos altamente realistas. Según el presidente, estas prácticas suponen una vulneración intolerable de los derechos fundamentales que el ordenamiento jurídico español debe perseguir con firmeza.
Invocación del artículo 8 del Estatuto Fiscal
El procedimiento elegido por el Consejo de Ministros no es casual. El uso del artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal permite al Gobierno trasladar al Fiscal General del Estado actuaciones de especial relevancia para la defensa del interés público. En este caso, el Ejecutivo considera que la gravedad de los delitos que podrían estar cometiendo X, Meta y TikTok —ya sea por acción, omisión o falta de control sobre sus algoritmos— justifica una intervención directa de la Fiscalía.
Este nuevo movimiento se enmarca en la estrategia del Gobierno de endurecer el control sobre los contenidos digitales y exigir una mayor responsabilidad a las empresas tecnológicas en la supervisión de lo que se publica y genera en sus dominios virtuales, especialmente cuando afecta a la protección de la infancia.
