La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha presentado un nuevo informe pericial ante el juez Juan Carlos Peinado en el que sostiene que su actividad en la Universidad Complutense de Madrid no provocó perjuicio económico alguno a la institución. Al contrario, el documento afirma que la universidad habría obtenido un superávit de casi 13.000 euros en relación con los fondos vinculados a la cátedra que codirigió.
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El informe, firmado por Jesús Rodríguez Márquez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, responde a la posición de la Complutense, que se ha personado como perjudicada en la causa y cifró en 113.509 euros el coste del desarrollo del software asociado a la Cátedra de Transformación Social y Competitiva.
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La defensa niega perjuicio económico a la UCM
El documento presentado por la defensa de Gómez sostiene que la cuantificación realizada por la Universidad Complutense es incorrecta. Según el informe, el gasto investigado no puede considerarse un daño para la entidad pública porque fue financiado con fondos privados destinados expresamente a las actividades de la cátedra.
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“La cuantificación realizada por la UCM es incorrecta, ya que no se le ha causado perjuicio alguno”, recoge el texto, que añade que, en todo caso, el supuesto perjuicio no podría equivaler a las cantidades invertidas en la creación de la plataforma digital.
La defensa insiste en que el gasto se ejecutó conforme a la normativa presupuestaria y de contratación, tanto general como propia de la Universidad Complutense.
El informe habla de un superávit de 12.856 euros
Según el análisis pericial, la Complutense recibió 158.400 euros procedentes de empresas privadas para financiar las actividades de la cátedra, incluido el desarrollo del software. De esa cantidad, según los datos citados en el informe, 108.765,79 euros se destinaron a la finalidad prevista.
Además, la universidad habría recibido otros 17.600 euros para cubrir gastos de personal y dirección asociados a la cátedra. Sin embargo, el gasto real por esos conceptos habría sido de 4.743,53 euros, lo que, según la defensa, arroja un superávit de 12.856,47 euros.
El informe concluye que la UCM no perdió dinero propio, sino que ejecutó fondos aportados por patrocinadores privados para un fin concreto.
Fondos privados destinados a la cátedra
El documento subraya que el dinero recibido de entidades como La Caixa, Reale Seguros, Google, Manpower y Numitec tenía una finalidad determinada: financiar las actividades de la cátedra y el desarrollo del software.
La defensa argumenta que la universidad tenía la obligación de destinar esos fondos al objeto pactado en los convenios. De no haberlo hecho, añade el informe, habría sido la propia UCM la que podría haber causado un perjuicio a los patrocinadores privados al incumplir el destino de la financiación recibida.
“Nunca puede suponer un perjuicio gastar unos fondos que proporcionan unos terceros”, sostiene el informe pericial.
La causa contra Begoña Gómez
Este nuevo informe llega después de que el juez Juan Carlos Peinado diera por cerrada la instrucción el pasado 11 de abril y propusiera juzgar a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
El magistrado archivó las actuaciones por intrusismo profesional, pero mantuvo el procedimiento contra Gómez. También continuó la causa contra Cristina Álvarez, asesora de la mujer del presidente, por los mismos delitos, y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Tercer informe presentado por la defensa
El documento ahora aportado es el tercer informe presentado por la defensa de Begoña Gómez para avalar su actuación en relación con la cátedra y el desarrollo del software investigado.
La estrategia defensiva se centra en negar que haya existido apropiación indebida o perjuicio económico para la Universidad Complutense. Para ello, insiste en que los fondos recibidos tenían origen privado, fueron destinados a los fines previstos y, según sus cálculos, generaron incluso un saldo favorable para la universidad.
La Complutense, personada como perjudicada
El origen de este nuevo informe está en la decisión del juez Peinado de ofrecer a la Universidad Complutense la posibilidad de personarse como perjudicada. La institución aceptó y remitió al juzgado un documento en el que detallaba el coste del software desarrollado en el marco de la cátedra.
La defensa de Gómez cuestiona ahora esa interpretación y sostiene que la universidad no puede reclamar como perjuicio unas cantidades que no salieron de sus fondos propios, sino de aportaciones privadas finalistas.
Un nuevo frente pericial en la investigación
La causa entra así en una nueva fase de confrontación técnica sobre el dinero invertido, el origen de los fondos y el posible perjuicio económico para la Complutense.
El informe presentado por la defensa busca desmontar uno de los puntos clave de la acusación: que la universidad sufrió un daño patrimonial por el desarrollo del software. Frente a esa tesis, el documento sostiene que no hubo pérdida, sino ejecución de fondos privados e incluso superávit para la institución.
