El cerco judicial sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se estrecha cada vez más. Tras la reciente condena del Tribunal Supremo (TS) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, son siete las personas de su entorno que aún están bajo investigación por presuntos delitos de corrupción. Entre los imputados se encuentran su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.
Álvaro García Ortiz fue condenado a una multa de 7.200 euros y dos años de inhabilitación, además de un pago adicional de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, tras filtraciones de correos privados vinculados a Isabel Díaz Ayuso. Con la condena, también deberá asumir las costas del juicio.
Entre los imputados destacan:
- Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, puesto en libertad tras casi cinco meses en Soto del Real, acusado de cohecho, tráfico de influencias y amaños de contratos de obras públicas.
- José Luis Ábalos, exministro de Transportes, investigado por delitos de pertenencia a organización criminal, malversación y cohecho, incluyendo contratos irregulares durante la pandemia.
- Koldo García, exasesor de Ábalos, imputado por el cobro ilegal de comisiones relacionadas con la compra de material sanitario durante la crisis sanitaria del Covid-19.
- Begoña Gómez, esposa del presidente, investigada por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación, vinculados a su actividad como directora de una cátedra universitaria y a contratos públicos con el empresario Juan Carlos Barrabés.
- David Sánchez, hermano del presidente, cuya investigación se centra en su contratación como responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, bajo sospecha de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
- Miguel Ángel García Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, imputado por los mismos delitos que David Sánchez y por fraude de ley en su aforamiento exprés en la Asamblea regional.
- Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como ‘Tito Berni’, exdiputado del PSOE, vinculado a una red que ofrecía contratos públicos a cambio de sobornos y pagos en especie en Canarias.
El avance de estas investigaciones mantiene a varios dirigentes del PSOE bajo la lupa judicial, intensificando la presión sobre el presidente Sánchez y su círculo cercano, mientras la Justicia continúa recopilando pruebas y preparando los próximos juicios.
