El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reconocido abiertamente el impacto negativo que está teniendo el juicio contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Según fuentes gubernamentales consultadas por El País, el sentimiento dentro de la Moncloa es de profunda preocupación ante el cariz que están tomando las declaraciones en el Tribunal Supremo.
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«Es imposible hablar de nada positivo esta semana; el juicio es desolador», admiten fuentes del Ejecutivo.
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Una agenda eclipsada por el «caso mascarillas»
A pesar de los intentos del Gobierno por centrar la atención en datos económicos positivos o en la agenda internacional del presidente en China, el banquillo de los acusados está monopolizando la conversación pública. El Ejecutivo admite que el proceso «tapa la agenda» ministerial, aunque confían en que el daño electoral esté «descontado», dado que, según su análisis, no han aparecido datos sustancialmente nuevos que no se conocieran durante la instrucción.
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Revelaciones de la semana: sobres en Ferraz y «enchufes»
La crudeza del término «desolador» responde a los testimonios escuchados en las últimas jornadas:
- Dinero en efectivo: La empresaria Carmen Pano, socia de Aldama, ratificó ante el tribunal haber entregado sobres con dinero en efectivo (hasta 90.000 euros en dos pagos) en la sede socialista de la calle Ferraz.
- Contrataciones irregulares: Se han aportado pruebas sobre el presunto empleo ficticio de personas vinculadas al entorno personal de Ábalos en empresas públicas como Ineco y Tragsatec, donde habrían percibido sueldos sin desempeñar funciones reales.
- Presiones internas: Testigos de Adif han señalado que el exministro llegó a intervenir para que no se «molestara» a personas de su confianza en dichas empresas.
Estrategia de «cortafuegos»
Desde el ala socialista del Gobierno se insiste en que las responsabilidades políticas ya se depuraron en su día con la expulsión de Ábalos del partido y su paso al Grupo Mixto. No obstante, el goteo de detalles sobre la falta de controles administrativos y el uso de la sede del partido para presuntos cobros irregulares ha generado un clima de «desánimo y enfado» que el propio Ejecutivo reconoce difícil de contrarrestar en el corto plazo.
