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Aliança Catalana ha puesto en marcha su ofensiva política en Barcelona con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027 y las autonómicas previstas para 2028. La formación liderada por la alcaldesa de Ripoll y diputada en el Parlament, Sílvia Orriols, ha iniciado una campaña bajo el lema “Salvemos el catalán”, que incluye la presentación de 700 denuncias contra establecimientos de la capital catalana por incumplir la normativa lingüística vigente.
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La iniciativa se apoya en la Ley de Política Lingüística de 1998, que obliga a que la señalización fija y los documentos de oferta de servicios estén redactados, al menos, en catalán. Según la dirección del partido, las denuncias fueron recopiladas desde el pasado mes de septiembre con la colaboración de voluntarios y trasladadas a la Agencia Catalana del Consumo. Tres meses después, aseguran no haber recibido respuesta alguna por parte de la Generalitat.
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Desde Aliança Catalana acusan al Govern presidido por Salvador Illa de aplicar un “silencio administrativo” que, a su juicio, demuestra la falta de compromiso institucional con la defensa de los derechos lingüísticos y la presencia del catalán en el espacio público. La formación anuncia que hará seguimiento de los expedientes hasta obtener una resolución formal, un proceso que habitualmente puede alargarse entre tres y seis meses.
La campaña lingüística coincide con la reciente inauguración de la nueva sede del partido en Barcelona, situada en la izquierda del Eixample. Desde este nuevo enclave, Aliança busca reforzar su mensaje identitario catalanista en una ciudad que Orriols reconoce como “territorio hostil” para su proyecto político, aunque confía en que los barceloneses “acaben comprando” su programa.
La ofensiva llega además en un contexto de aumento de las denuncias por discriminación lingüística. Plataforma per la Llengua ha informado de que, por primera vez, ha recibido más de 3.000 quejas en un solo año, con una media superior a ocho denuncias diarias, lo que supone un incremento de más del 650% respecto a hace una década. La hostelería concentra una de cada cuatro reclamaciones y, dentro del sector público, la sanidad representa cerca del 40%.
Pese a centrar ahora el foco en la lengua, Aliança Catalana no abandona otros ejes de su discurso. La semana pasada, en el último pleno municipal del año en Ripoll, Orriols volvió a presumir de su política de “mano dura” contra la inmigración, destacando el escaso aumento del padrón de ciudadanos marroquíes durante su mandato y atribuyendo el crecimiento de población sudamericana a las políticas migratorias del Gobierno central.
Con esta combinación de reivindicación lingüística, discurso identitario y críticas a la inmigración y a las políticas de izquierdas, Aliança Catalana trata de ampliar su base electoral en Barcelona y consolidar el crecimiento que las encuestas auguran al partido más allá de sus actuales dos escaños en el Parlament.
