Las diferencias entre los partidos que forman el Gobierno de coalición han vuelto a aflorar, esta vez en torno a los incentivos fiscales para los propietarios de vivienda. Este programa, que busca evitar el aumento de los precios del alquiler, ha generado un fuerte rechazo por parte de Sumar, el socio de Pedro Sánchez en el Ejecutivo. En un reciente acto, el presidente del Gobierno anunció una nueva medida donde se prevé bonificar el 100% del IRPF a aquellos propietarios que mantengan los precios estables en el alquiler.
La presentación de este plan se dio durante la inauguración de los trabajos de demolición de cuarteles militares en el barrio madrileño de Campamento, donde se proyecta construir 10.700 viviendas. En dicho evento, Sánchez afirmó que estas nuevas iniciativas buscan reforzar la intervención estatal en el mercado del alquiler, haciendo énfasis en la necesidad de proteger a los ciudadanos frente a los constantes aumentos de precios.
Mientras que la parte socialista del Gobierno defiende esta medida como un paso hacia el diálogo y la búsqueda de consensos, Sumar y otros aliados parlamentarios, como Podemos, han expresado su oposición. Argumentan que estas bonificaciones no garantizan que los precios se mantendrán estables, advirtiendo que en un mercado donde los precios fluctúan, los propietarios podrían optar por subir el alquiler a pesar de los incentivos fiscales ofrecidos.
Te interesa
La co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha indicado que más de 600.000 contratos de alquiler están a punto de vencer este año, lo que podría exponer a los arrendatarios a un incremento significativo de precios en un contexto ya complicado. Sumar ha exigido la prórroga de estos contratos, argumentando que durante la pandemia se tomaron decisiones similares para proteger a los inquilinos.
Sin embargo, fuentes del PSOE han puesto en duda la viabilidad legal de prorrogar los contratos tal como lo propone Sumar, subrayando que la situación actual no puede compararse con circunstancias excepcionales como la pandemia o la guerra en Ucrania. El Gobierno socialista advierte que cualquier decisión de este tipo tendría que ser cuidadosamente evaluada debido a la complejidad del marco parlamentario actual.
Además, el ministro de la Presidencia ha destacado que la coalición tiene que lidiar con una minoría parlamentaria, lo que hace que sea complicado aprobar cualquier iniciativa que no cuente con el apoyo suficiente de otras fuerzas políticas. Aunque la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, asegura que se buscarán los consensos necesarios, también ha admitido que no hay una fecha definida para la implementación del decreto, puesto que es esencial dialogar primero con Sumar.
Desde Podemos, la crítica hacia estas bonificaciones es contundente. Ione Belarra, secretaria general del partido, considera que estas medidas en lugar de ayudar a la ciudadanía, alimentan el negocio inmobiliario. Además, ha señalado que estas bonificaciones generarían una pérdida de ingresos públicos considerable y que, en realidad, lo que se necesita es una regulación clara sobre los precios del alquiler y prohibiciones que desincentiven la especulación inmobiliaria.
La oposición también se ha mostrado crítica frente a las nuevas propuestas del Gobierno. El PP ha propuesto un modelo de financiación que incentive a las comunidades autónomas que construyan más viviendas, reafirmando su postura de que las medidas actuales son insuficientes. Vox ha calificado las iniciativas como medidas populistas que no resuelven el fondo del problema y que solo intentan otorgar un rédito político al PSOE.
