Los presupuestos para 2019 ya son una realidad. Unos presupuestos de más de trescientos millones de euros. La Consejera de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas, Kissy Chandiramani, una vez producida la aprobación inicial del Presupuesto General de la Ciudad para 2019, confirmó que había sido expuesto al público el expediente, para la presentación de alegaciones y reclamaciones por parte de particulares y de enmiendas por parte de los grupos políticos con representación en la Asamblea.
Una vez finalizado ese plazo, la Consejera se encargó de presentar las propuestas de alegaciones y enmiendas ante la mesa de la Asamblea que ha tenido a bien considerarlas. Entre ellas destacan, entre un total de 170 alegaciones, las de la empresa Arasti Barca que pide que se incluya una partida presupuestaria suficiente para que el ICD pueda cumplir con las obligaciones con esta empresa o la de la Asociación de Autismo que solicita 10.000 euros más y un largo etcétera. El Grupo Político Caballas solicitó que se retiren los presentes presupuestos y se reformulen para mejorar los servicios públicos, para dotar de un plan de vivienda de protección pública, para conseguir una auténtica cohesión social, para luchar contra el paro y dotar de un plan de inversiones para las barriadas. También ejercieron su derecho a rectificación el resto de fuerzas políticas y sindicatos como CCOO que solicitó un refuerzo en recursos humanos en Servicios Sociales o que se consignase una partida para relaciones de puestos de trabajo. Indicaron que faltaba consignación para el pago de peligrosidad y toxicidad para el equipo técnico de menores, servicios sociales, residencia de mayores y la unidad de drogodependencia y así sucesivamente.
No obstante, de las alegaciones y enmiendas presentadas, la Consejería de Economía entiende que “unas tienen carácter político”, y son descartadas. Otras son “de asignación alternativa de recursos y otras pueden ser conceptuadas como de carácter técnico; con respecto a estas últimas se han emitido informes por los técnicos competentes, informes que constan en el expediente”.
Por tanto el Gobierno encontró que la mayoría de las 170 alegaciones carecían de fundamento, sólo ha considerado que tenían sentido tres enmiendas de Ciudadanos y, la mayoría de las que propuso el propio Partido Popular.
