La derecha y la ultraderecha aparcan sus diferencias con el independentismo de Puigdemont para votar juntos una bajada generalizada de impuestos, mientras la izquierda tilda la alianza de «Junts por la pasta».
El tablero político español ha vivido un giro de guion tan inesperado como pragmático. En un movimiento que ha dejado atónitos a los socios habituales del Gobierno, el Partido Popular y Vox han decidido adherirse a las principales propuestas fiscales presentadas por Junts per Catalunya. Esta alianza de conveniencia busca forzar una reducción masiva de la presión fiscal, poniendo en jaque la hoja de ruta económica de la Moncloa.
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El «matrimonio» fiscal de la derecha
La votación ha certificado una sintonía económica que hasta ahora quedaba eclipsada por el conflicto territorial. PP y Vox han dejado a un lado su discurso contra el partido de Carles Puigdemont para abrazar sus medidas:
- Bajada de impuestos: La propuesta incluye reducciones en el IRPF y beneficios fiscales para autónomos, pilares que Junts ha puesto sobre la mesa como condición para su apoyo parlamentario.
- El PNV, al margen: A diferencia del bloque de la derecha, el PNV se ha desmarcado de esta iniciativa, rechazando la bajada generalizada de impuestos propuesta por los de Puigdemont.
«Junts por la pasta»: Críticas feroces desde la izquierda
La reacción de los partidos que sostienen al Ejecutivo no se ha hecho esperar. Desde la izquierda se acusa a Junts de mercadear con sus votos y al bloque de Feijóo y Abascal de hipocresía política al pactar con quienes denominan «golpistas» cuando hay dinero de por medio.
“Muchas señorías ya entienden por qué en Cataluña les llaman ‘Junts por la pasta’”, ha atacado con dureza Aina Vidal (Sumar). Por su parte, Pilar Vallugera (ERC) ha remachado la crítica asegurando que la formación de Puigdemont está “absolutamente al servicio de las clases dominantes”.
Pinza contra la regularización de inmigrantes
Este acercamiento fiscal no es el único punto de fricción. La sintonía entre PP, Vox y Junts se ha extendido también a la política migratoria, donde los tres partidos han unido sus votos en el Congreso para pedir la paralización de la regularización de inmigrantes, forzando al Ejecutivo a anunciar que aprobará la medida vía decreto ante la falta de mayoría parlamentaria.
Con este escenario, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una realidad aritmética endiablada: sus socios de investidura han descubierto que tienen más en común con la oposición de derechas en materia económica de lo que sus discursos políticos sugerían.
