Un informe pericial de la Unidad Central Operativa (UCO) de Medio Ambiente de la Guardia Civil ha cifrado en 5,14 millones de euros el posible beneficio indirecto derivado del uso ilícito de agua en una finca vinculada a la Casa de Alba, situada en el entorno del Parque Nacional de Doñana. La explotación está siendo investigada por un juzgado de Sanlúcar la Mayor.
El informe, al que ha tenido acceso EFE, ha sido incorporado a la causa que instruye la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor en el marco de la operación ‘Irrigatio’. El documento se centra en la valoración económica del daño ambiental derivado de la extracción de agua subterránea en la finca Aljóbar, ubicada en el municipio sevillano de Aznalcázar.
Hasta 6,27 millones en cuantificación total
Además del beneficio indirecto, el informe pericial cifra entre 5,87 y 6,27 millones de euros la cuantificación económica total vinculada a la posible extracción ilícita. El documento subraya la relevancia del acuífero afectado, al estar hidráulicamente conectado con el sistema Almonte-Marismas y con el aluvial del río Guadiamar, que nutre el entorno natural de Doñana.
El estudio, de carácter técnico y ya ratificado en sede judicial por los agentes que lo elaboraron, fue emitido tras solicitar la Fiscalía el desglose de la cantidad correspondiente al denominado “beneficio indirecto obtenido por el agricultor por cultivo y hectárea”, según fuentes del caso.
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Para calcular los 5,14 millones de euros, los peritos multiplicaron la cantidad de fruto recogido —principalmente cítricos regados entre 2014 y 2024— por su precio de mercado y restaron los costes de producción, estimados en torno al 25 %. El informe también tiene en cuenta que desde 2021 parte de las hectáreas de naranjos fueron sustituidas por olivos, aplicando criterios conservadores en la estimación.
Valoración del daño ambiental
En cuanto al impacto ecológico, el informe desglosa tres componentes para medir el daño al ecosistema:
- Valor del agua extraída, estimado entre 468.275 y 814.896 euros.
- Coste de rehabilitación ambiental, cifrado en 201.489 euros.
- Pérdida de servicios ecosistémicos, es decir, el valor del agua que dejó de estar disponible para otras actividades, calculado entre 62.539 y 113.353 euros.
La suma de estos conceptos sitúa el daño ambiental total entre 732.304 y 1.129.739 euros. Al añadir esta cantidad al beneficio estimado por el uso del agua, la cuantificación global alcanza el rango de entre 5,87 y 6,24 millones de euros.
El informe advierte además de que el acuífero presenta un índice de explotación del 0,91 % y ha experimentado un descenso significativo en sus niveles de agua en los últimos cinco años. Según la UCO de Medio Ambiente, esta situación ha generado daños relevantes en el ecosistema, que podrían llegar a ser irreversibles y afectar negativamente a la conservación de hábitats y especies.
Avances en la instrucción judicial
En el marco de la investigación, el pasado 18 de septiembre fue citado como investigado el representante legal de la empresa Eurotécnica Agraria, encargada de la gestión de la finca. Esta sociedad cuenta en su consejo de administración con los hermanos Cayetano, Eugenia, Fernando José y Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg.
El representante legal se acogió a su derecho a no declarar en relación con los pozos presuntamente no autorizados administrativamente. Por su parte, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba, declaró el pasado 20 de febrero que se había iniciado la regularización de los pozos investigados tras la denuncia presentada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
