La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, ha aprobado una nueva ley que busca proteger el comercio y la navegación ante lo que considera «piratería» y bloqueos impuestos por Estados Unidos contra embarcaciones petroleras que han sido sancionadas.
Dicha legislación incluye penas que van desde 15 hasta 20 años de prisión para quienes apoyen estas acciones. La norma pretende salvaguardar las actividades económicas del país y también se dirige a cualquier entidad que mantenga negocios con el Gobierno venezolano.
Según el artículo 13 de la ley, «toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales» será condenada a prisión por un periodo considerable. Esta disposición se aplica a personas físicas y jurídicas que realicen operaciones comerciales con Venezuela.
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Además, quienes sean condenados podrían enfrentar la incautación de sus bienes bajo la aplicación de la «Ley de Extinción de Dominio», que permite al Estado tomar propiedades relacionadas con actividades ilícitas.
La ley incluye también referencias a «otros delitos internacionales» y surge en respuesta a las recientes medidas de EE.UU. contra el envío de petróleo venezolano. Durante las últimas semanas, la Guardia Costera de Estados Unidos ha incautado varios buques que transportaban crudo venezolano, intensificando la presión sobre la industria petrolera del país.
Estos procedimientos han golpeado fuertemente a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que ya había sido sancionada desde 2019 por el Departamento del Tesoro estadounidense. Las sanciones han tenido un efecto devastador sobre la capacidad de la empresa para exportar y operar eficazmente, llevándola a reducir su producción.
El diputado Giuseppe Alessandrello, uno de los promotores de la ley, ha declarado que su objetivo es «proteger la relación comercial de los venezolanos» y contrarrestar los actos que él considera depredadores del Gobierno de EE.UU. en el mar. Según Alessandrello, la ley se apoya en la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar de 1958 y en la Carta de las Naciones Unidas.
Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump también anunció medidas adicionales de bloqueo contra barcos petroleros sancionados que intenten salir o entrar a Venezuela, sin dudas un aumento en la presión sobre el gobierno de Maduro. Trump ha afirmado que la comunidad internacional debe hacer más para ayudar a restaurar la democracia en Venezuela.
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El mandatario venezolano ha denunciado las acciones de EE.UU. como un intento de desestabilizar su gobierno y apoderarse de los recursos naturales del país, especialmente su abundante petróleo. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, ha criticado a figuras de la oposición, acusándolas de colaborar con el imperialismo estadounidense.
El ambiente político en Venezuela permanece tenso, y esta nueva ley podría intensificar la confrontación entre el gobierno chavista y los opositores, así como también con Estados Unidos. La promulgaría podría abrir nuevas puertas para situaciones legales complejas, tanto dentro del país como a nivel internacional.
