El Juzgado ha vuelto a acordar el aplazamiento de la declaración de Salvadora Mateos, delegada del Gobierno investigada por prevaricación en la devolución de menores a Marruecos, “por tratamiento médico”. La acusación popular señala que se trata de una “evidente y palmaria estrategia de dilación”
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La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, acusación popular del caso de la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto del año pasado, ha informado que finalmente Salvadora Mateos tampoco comparecerá ante la jueza este jueves, como estaba previsto. La delegada del Gobierno está siendo investigada por un delito de prevaricación continuada, pero, por problemas de salud, la declaración en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ceuta ya se ha pospuesto en dos ocasiones.
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La Red ha manifestado su oposición a este nuevo aplazamiento “puesto que, respetando el estado de salud, ya se dio otro previo y hubo tiempo más que suficiente para que la investigada y su defensa supieran de cuándo y cómo se iba a realizar. No se aprecia como válido esta evidente y palmaria estrategia de dilación”.
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La otra persona investigada en el caso en Mabel Deu, vicepresidenta del Gobierno de Ceuta, que ya declaró el pasado 7 de septiembre en el juzgado, donde insistió en que las devoluciones de menores se hicieron en consonancia con el Gobierno de España, mostrando conversaciones con los responsables de los ministerios. La defensa de Deu ha solicitado ya la declaración como testigos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz y la ex jefa de gabinete de Carmen Calvo, Isabel Valldecabres.
Además, pide la declaración de los dos representantes de la prefectura de Tetuán que participaron por parte del Gobierno de Marruecos “en el encuentro en frontera del 11 de agosto de 2.021”, los dos representantes de L’Entraide Nationale, entidad pública perteneciente al Ministerio de Familia, Solidaridad, Igualdad y Desarrollo Social del Gobierno de Marruecos y de Javier Olier como coordinador de la Fundación SAMU.
Desde la Red también han solicitado una ampliación de pruebas, encontrándose todavía con la petición de pruebas documentales de la investigación. Las diligencias que se están llevando a cabo prevén un proceso judicial que se podría dilatar en el tiempo y en el que se apunta a la posibilidad de que haya más responsables penales. Deu y Mateos, las únicas investigadas en el caso hasta el momento, se podrían enfrentar a una pena de entre 12 y 15 años de inhabilitación por el delito de prevaricación continuada.
