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La ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, ha anunciado un acuerdo entre Sumar y el Partido Socialista para poner fin a una de las leyes más polémicas aprobadas con la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy, que significaron un retroceso en la calidad democrática de España. “La Ley Mordaza va a ser derogada, acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista» ha anunciado la vicepresidenta Díaz.
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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que se ha logrado un acuerdo entre su formación política, Sumar, y el PSOE dentro del Gobierno para derogar la denominada Ley Mordaza. Este anuncio se produce en el marco de la reunión de ministros de Empleo de la Unión Europea que se celebra hoy en Bruselas.
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En una comparecencia a la entrada del encuentro ha dicho que «Ya les anuncio que acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista, entre Sumar y el Partido Socialista, en el que la petición de Sumar para la derogación de la Ley Mordaza se consuma»
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La vicepresidenta también adelantó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles para anunciar el paquete de medidas que incluye la derogación de esta controvertida ley. Este acuerdo representa un paso significativo en el cumplimiento de las promesas electorales de ambas formaciones que se marcaron como principales en la agenda política del Gobierno de coalición.
Este julio se cumplen 9 años de la entrada en vigor de las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocidas como Leyes Mordaza. Estas leyes fueron aprobadas por el gobierno del Partido Popular en solitario, utilizando su mayoría absoluta, con el objetivo de contrarrestar las protestas en las calles tras las movilizaciones ciudadanas del 15M.
Estas reformas legislativas llegaron tras el ciclo de gran movilización contra los recortes a los derechos económicos, sociales y culturales a raíz de la crisis económica de 2008. Frente a ello, en lugar de escuchar a la ciudadanía, la respuesta del Gobierno de entonces fue un brutal recorte represivo en derechos civiles, afectando gravemente a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información, tal y como lo calificó Amnistía Internacional.
La aprobación de estas reformas se llevó a cabo pese a la oposición frontal y el compromiso de derogación o reforma íntegra del resto de partidos y en contra de las asociaciones judiciales más progresistas. En este sentido Jueces y Juezas para la Democracia acusó al Gobierno de actuar con «populismo punitivo» y calificó la reforma de «chapuza plagada de errores técnicos» y «contraria a las libertades».
¿Qué es la Ley Mordaza y qué significa derogarla?
En un Estado democrático, no se pueden mantener mecanismos que faciliten la impunidad policial en caso de abuso y cuya mera existencia sirva para desalentar a la ciudadanía de utilizar sus derechos.
La llamada «Ley Mordaza» es, en realidad, una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, una norma que regula la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Esta ley existe desde los años ochenta y siempre ha sido muy polémica. En 2015, el texto fue modificado por completo, introduciendo nuevos poderes y facultades para la Policía. Esta reforma fue una reacción del Gobierno del Partido Popular a las movilizaciones del 15M, durante las cuales algunos cuerpos policiales sintieron que carecían de instrumentos legales suficientes para perseguir y reprimir las movilizaciones masivas en la calle. El Gobierno del PP utilizó el rodillo parlamentario y decidió remediarlo mediante esta ley.
Para algunos analistas y expertos en derecho consultados por este medio han explicado que la Ley Mordaza fue se impuso con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que, aumena los poderes de la Policía y limita de manera desproporcionada el ejercicio de algunos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Esta norma introdujo, entre otras restricciones, toda una serie de conductas que, desde entonces, son sancionables con multa.
Estas sanciones suponen un problema democrático en sí mismas. Cuando un agente policial considera que algún ciudadano ha cometido un acto sancionable –por ejemplo, no tratarlo con el debido respeto– procede a denunciarlo internamente. Su denuncia va a otro policía, el instructor, que examina el asunto y, tras ofrecer al afectado la posibilidad de dar su versión, propone una sanción, que habitualmente es una multa. La multa la impone la autoridad gubernativa que, en general, suele dar más credibilidad a la versión policial que a la ciudadana. En la práctica, quien multa es la Policía. La persona afectada se ve obligada a pagar una sanción que no suele ser inferior a 600 euros, sin haber tenido posibilidades reales de defensa.
Es una sanción administrativa que hay que pagar con independencia de que se recurra posteriormente ante los tribunales por la vía contencioso-administrativa. Incluso en caso de recurso, en el procedimiento que examina si la multa está bien o mal impuesta, el ciudadano tiene muchas menos garantías para su defensa que en un asunto penal. El coste del procedimiento judicial y su duración, que puede ser de varios años, hacen que, en la práctica, las multas que impone la Policía tengan poco remedio.
De estas sanciones, hay dos especialmente preocupantes, ya que otorgan a los agentes policiales un poder sin control del que es fácil que abusen. Por ello, desalientan a la ciudadanía de ejercer algunos de sus derechos fundamentales legítimos, como el derecho a la protesta o a la libertad de movimientos. Se trata de las sanciones por desobedecer a un agente, en los casos en que no sea delito, y por faltar el respeto a un agente.
Derogar la Ley Mordaza significa eliminar estas restricciones desproporcionadas y devolver un equilibrio entre la autoridad y los derechos de los ciudadanos, asegurando que la actuación policial esté sujeta a un mayor control y garantizando la protección efectiva de los derechos fundamentales. Seguramente esta derogación no tendrá el apoyo de la fuerzas políticas más conservadoras. VOX, cuyo principal caballo de batalla política es hablar de la inseguridad en las calles, se alineará con la negativa del PP, lógicamente, tras ser los ideólogos de esta ley restrictiva.
Para la mayoría progresista en el Congreso, que llevan años intentando llegar a un acuerdo para acabar con esta ley, es fundamental para fortalecer la democracia y asegurar que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos sin temor a represalias injustas.
La polémica “disposición adicional décima”
Todavía no se han dado a conocer los términos del acuerdo entre el Psoe y Sumar va a suponer anular también la disposición adicional décima de ‘Ley Mordaza’, a través de la que el Gobierno del PP trató de dar cobertura jurídica a las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente de personas migrantes que accedieran a territorio nacional irregularmente. Unas devoluciones que para la mayoría de asociaciones que defienden los derechos de las personas migrantes vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La preocupación de las entidades es si el gobierno tiene la intención de extraer este tipo de prácticas de la Ley Mordaza para llevarlas a la Ley de Extranjería, sin profundizar más en la cuestión.
