El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública lanzará un conjunto de medidas para combatir las estafas de suplantación de identidad mediante llamadas telefónicas y SMS, con el fin de aumentar la seguridad de consumidores y empresas ante el creciente número de fraudes
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El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha iniciado la audiencia pública de una Orden Ministerial que implementará diversas medidas contra las estafas de suplantación de identidad. Este plan se ha desarrollado tras una consulta pública realizada a principios de año que contó con una participación significativa.
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Las principales acciones del plan son:
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- Bloqueo de Llamadas y SMS Fraudulentos: Los operadores bloquearán llamadas y mensajes provenientes de números no asignados a servicios, operadores o clientes, así como aquellos de numeración nacional pero con origen internacional.
- Base de Datos de Usuarios Alfanuméricos: La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia gestionará una base de datos con usuarios que utilizan identificadores alfanuméricos en sus mensajes. Los mensajes de entidades no registradas en esta base serán bloqueados.
- Prohibición de Numeración Móvil para Llamadas Comerciales: Se prohibirá el uso de números móviles para llamadas comerciales, permitiendo el uso de números 800 y 900 por parte de entidades que ya los tienen asignados, facilitando la identificación de llamadas legítimas.
Las estafas de suplantación de identidad suelen iniciarse con llamadas (CLI Spoofing) o mensajes de texto (SMS Smishing) que imitan a entidades de confianza para engañar al receptor y obtener información personal, financiera o realizar acciones fraudulentas.
- CLI Spoofing: Alteración del identificador de llamada para que el número coincida con el de una empresa u organismo público.
- SMS Smishing: Envío de mensajes SMS simulando ser una entidad legítima que invitan al receptor a acceder a una web falsa.
Este tipo de fraudes ha aumentado en los últimos años, según informes del Banco de España, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Estas estafas minan la confianza del público en las comunicaciones electrónicas, afectando a empresas y organismos que utilizan estos medios de forma legítima y causando daños financieros significativos.
Países europeos como Finlandia han implementado medidas similares con gran éxito, logrando una reducción del 90% en las estafas por suplantación de identidad.
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