El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, ha anunciado su dimisión tras enfrentar fuertes críticas por su manejo de un caso de abusos a menores. La decisión se produce después de que un informe independiente revelara que no actuó adecuadamente cuando tuvo conocimiento de los abusos cometidos por John Smyth, un voluntario en campamentos cristianos.
Welby, quien lideraba a los 85 millones de anglicanos en todo el mundo, expresó su pesar y asumió la responsabilidad por su gestión. En un comunicado, declaró que su renuncia es un acto de respeto hacia sus obligaciones institucionales y constitucionales. «Al dimitir, lo hago con el dolor de todas las víctimas y supervivientes de abusos», afirmó.
El informe Makin, publicado recientemente, señala que más de 100 niños y jóvenes fueron víctimas de abusos físicos y sexuales por parte de Smyth durante un periodo de 40 años. Smyth, quien fue presidente del Iwerne Trust, continuó cometiendo abusos incluso después de trasladarse a África en 1984.
Welby reconoció que el informe puso de manifiesto una «conspiración de silencio» sobre los abusos de Smyth. Según la investigación, la Iglesia de Inglaterra estaba al tanto de las denuncias desde 2013, pero no se tomaron medidas efectivas para detener a Smyth antes de su muerte en 2018.
La renuncia de Welby también refleja las tensiones internas dentro de la Iglesia Anglicana, que ha enfrentado divisiones sobre temas como los derechos de los homosexuales y el papel de las mujeres clérigos. Su sucesor tendrá el desafío de mantener la unidad en una comunidad cada vez más dividida y de abordar el descenso en la asistencia a la iglesia.
El proceso para elegir al nuevo arzobispo de Canterbury ya ha comenzado. Entre los candidatos propuestos están el obispo de Norwich, Graham Usher, conocido por su apoyo a los derechos de los homosexuales y su activismo climático, y la obispa de Chelmsford, Guli Francis-Dehqani, quien podría convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo.
La dimisión de Welby subraya la necesidad urgente de cambios dentro de la Iglesia de Inglaterra para garantizar la seguridad de sus miembros y restaurar la confianza pública. La institución enfrenta ahora el reto de demostrar su compromiso con la transparencia y la justicia para las víctimas de abusos.
