La economía de Ceuta y Melilla no solo sufre por el desempleo, sino también por una cadena de trabas burocráticas que paraliza sectores fundamentales para el progreso de estas ciudades. El gobierno de Pedro Sánchez ha creado un entramado administrativo que, lejos de agilizar los procesos y favorecer el crecimiento, ahoga cualquier intento de desarrollo en un momento en que la crisis laboral afecta de forma alarmante a estos territorios. En particular, el sistema de educación privada, responsable de la formación en Certificados de Profesionalidad, enfrenta una parálisis de meses sin obtener las acreditaciones necesarias para que los futuros trabajadores puedan integrarse al mercado laboral.
Las academias de formación en Ceuta, donde se imparten certificados para profesiones de alta demanda como Vigilante de Seguridad Privada, denuncian la falta de interés del Ministerio de Educación en agilizar la emisión de documentos y acreditaciones. Estos certificados, que permiten a los alumnos entrar en el mercado laboral con habilidades específicas, permanecen en el limbo burocrático debido a una administración que alarga los plazos sin ofrecer una solución real. Mientras tanto, los alumnos que han terminado su formación se ven atrapados, sin posibilidad de trabajar en el sector para el cual se han capacitado. La falta de inversión en personal y en recursos para gestionar estas autorizaciones solo intensifica el estancamiento, en lugar de contribuir a reducir las alarmantes tasas de paro juvenil en Ceuta.
A esta situación se suma el reciente cambio en las bonificaciones a empresas locales, lo cual ha incrementado los costos para las pequeñas y medianas empresas. Estas bonificaciones, esenciales para que los negocios locales pudieran sostenerse en condiciones competitivas, han sido recortadas, afectando tanto a las empresas como a la creación de empleo. En lugar de brindar apoyo al tejido económico de Ceuta, estas decisiones dejan a las empresas sin incentivos y ponen en riesgo el empleo de cientos de trabajadores.
Mientras el gobierno central parece desconectado de la realidad ceutí, la Delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, no ha logrado canalizar de manera eficaz las demandas de estos sectores ante la administración central. Su falta de liderazgo y de escucha activa en este tema ha provocado un mayor distanciamiento entre el gobierno central y los ciudadanos de Ceuta. Lejos de gestionar las quejas de los centros de formación y las pequeñas empresas de la ciudad, Pérez ha optado por una actitud pasiva, que evidencia la falta de compromiso de la administración en solucionar los problemas que afectan al desarrollo local.
Ceuta y Melilla, con su situación única y sus elevadas tasas de paro juvenil, requieren medidas urgentes, no trabas adicionales. La política del gobierno de Pedro Sánchez en estos territorios parece diseñada para frenar el progreso, condenando a los jóvenes y a los trabajadores a una espera interminable y obligando a las empresas locales a competir en condiciones desventajosas. Lejos de generar las condiciones necesarias para que estas ciudades prosperen, las decisiones del ejecutivo han profundizado la precariedad y el estancamiento económico.
