El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el Partido Popular (PP), ha cobrado a una joven el importe correspondiente al rescate de su propio intento de suicidio, a pesar de que el alcalde, Luis Barcala, se comprometió públicamente a eximirla del pago. La joven, de 28 años, vio cómo su cuenta bancaria fue embargada por 267 euros, lo que incluye un recargo adicional, tras ser atendida por los servicios de emergencias en abril de 2022.
Un rescate que se convirtió en deuda
El incidente ocurrió cuando un allegado de la joven alertó a los servicios de emergencias sobre un posible intento de suicidio. En respuesta, los servicios de bomberos y sanitarios acudieron al lugar para salvarle la vida, una intervención que se cobró al consistorio en forma de tasas de rescate. El Ayuntamiento exigió el pago de 211 euros, a lo que se añadió un recargo por parte de la Concejalía de Hacienda, llevando la cantidad final a 267 euros.
El hecho de que se haya cobrado esta factura es especialmente controvertido dado que, en marzo de 2023, la joven denunció públicamente que el consistorio le reclamaba el pago por el rescate. En ese momento, el alcalde Luis Barcala, comprometido con la modificación de la ordenanza municipal, había asegurado que no se le cobraría a la joven, y que se reformaría la normativa para eximir del pago a aquellos que fueran rescatados tras intentos de suicidio, dado que “la intervención tiene por objetivo salvar vidas”.
El compromiso incumplido y el embargo
A pesar del compromiso público del alcalde, la joven ha denunciado que el procedimiento de cobro continuó sin que se llevara a cabo la rectificación prometida. En un mensaje publicado en la red social X, J. expresó su indignación por el embargo de su cuenta bancaria: “Me han embargado mi cuenta bancaria por las tasas de rescate de bomberos por un intento de suicidio en 2022, con intereses de demora. Expediente que se prometió de manera pública y oficial ser cerrado de oficio”.
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Fuentes del Ayuntamiento han declarado a elDiario.es que están revisando el caso y analizando las «fórmulas posibles para exonerar del pago a esta joven». Sin embargo, el propio consistorio no sabe por qué se le ha cobrado, dado que ya se había dado la orden de suspender el cobro de estas tasas en casos como el de J.
Este caso ha generado una gran controversia y ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre la gestión de las tasas de rescate y la responsabilidad de las administraciones en situaciones tan delicadas. La joven sigue esperando una solución definitiva a su situación.
