Las tensiones con Junts dinamitan la reforma que buscaba desvincular el mandato del fiscal general del ciclo político
La designación de Teresa Peramato como futura fiscal general del Estado podría tener una vida institucional más breve de lo previsto si el Partido Popular gana las próximas elecciones. La razón no está en su idoneidad —avalada este miércoles por unanimidad por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)— sino en el fracaso de la conocida como ley Bolaños, con la que el Gobierno pretendía prolongar el mandato del fiscal general a cinco años y desligarlo del cambio de Ejecutivo.
Actualmente, el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general cesa automáticamente cuando lo hace el Gobierno que lo nombró. La reforma impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, buscaba modificar esa vinculación, pero su tramitación parlamentaria se ha estrellado de lleno contra el veto anunciado por Junts.
Junts bloquea 25 leyes y rompe puentes con el PSOE
Las crecientes fricciones entre Junts y el PSOE en los últimos meses han puesto contra las cuerdas la legislatura. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, confirmó que su grupo vetará 25 leyes actualmente en tramitación, no apoyará las 21 que están a punto de culminar su recorrido y rechazará cualquier nuevo texto legislativo procedente del Consejo de Ministros.
“No habrá negociación ni acuerdos”, sentenció Nogueras, extendiendo el bloqueo a los futuros Presupuestos Generales del Estado y a las dos grandes reformas judiciales del Gobierno: la ley Bolaños y la ley Begoña.
Entre las normas afectadas está la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LEOCrim), con la que Bolaños pretendía no solo fijar un mandato de cinco años para el fiscal general, sino también impulsar la reforma penal más profunda en 143 años. La propuesta otorgaba a los fiscales la dirección de las investigaciones penales —en sustitución de los jueces de instrucción— y situaba bajo su mando unidades como la UCO de la Guardia Civil.
El ministro llegó a destacar la dimensión histórica del proyecto:
“Han tenido que pasar doce Papas, cuatro reyes, dos presidentes de la República, dos dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia para que el Consejo de Ministros apruebe una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
Sin embargo, la reforma ha quedado paralizada por el bloqueo independentista.
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Las pocas leyes que sí sobrevivirán
A pesar del veto generalizado, Junts permitirá la aprobación de cuatro iniciativas:
- Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual
- Ley de Economía Social
- Ley de Movilidad Sostenible
- Ley de Atención al Cliente
También quedará a salvo el decreto destinado a financiar la ley ELA.
Peramato, hacia la Fiscalía General con aval unánime
Mientras tanto, Teresa Peramato continúa avanzando hacia su nombramiento oficial como fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz, inhabilitado dos años por un delito de revelación de secretos. Tras su propuesta por el Consejo de Ministros y el respaldo del CGPJ, solo falta su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso.
El aval unánime del CGPJ contrasta con lo ocurrido con García Ortiz, el único candidato declarado “inidóneo” por el órgano en toda la historia democrática, debido a la desviación de poder apreciada por el Supremo en el ascenso de Dolores Delgado.
Un mandato en el aire
Sin la ley Bolaños, Peramato podría ver truncado su futuro al frente del Ministerio Público si se produce un relevo político en la Moncloa. El PSOE pierde así la oportunidad de consolidar una figura propia al margen de un eventual cambio de Gobierno, un objetivo que el Ejecutivo ya daba por logrado antes del portazo de Junts.
